El Gobierno rescata la estrategia anticorrupción creada por Guillermo Lasso
Ecuador.- Al igual que en otros procesos, el presidente Daniel Noboa está cosechando los frutos sembrados por el gobierno anterior. Positivos, en este caso.
El Mandatario oficializó, el 22 de julio de 2024, la Política Nacional de Integridad Pública 2030, con el Decreto Ejecutivo No. 337.
El documento establece ocho líneas estratégicas para su ejecución, de carácter obligatorio para la Función Ejecutiva. Cada una enumera el problema a tratar, sus causas y efectos. Y la Secretaría de Integridad Pública será la encargada de dar seguimiento:
1. Concientización de las dimensiones de la corrupción, sus causas y consecuencias.
Buscará la difusión masiva de cursos de capacitación, promover la cultura ética, crear foros, seminarios, talleres.
2. Responsabilidad con competencia compartida entre múltiples actores en la prevención y lucha contra la corrupción.
Crear pactos de transparencia y estrategias con otras funciones del Estado y otros niveles de gobierno. Así como alianzas con el sector privado.
3. Gestión de riesgos de corrupción y generación de tipologías para la lucha focalizada en escenarios críticos para la sociedad ecuatoriana.
Implementar métodos de autodiagnóstico para mapear y mitigar los riesgos institucionales de corrupción.
4. Prevención y trámite efectivo de conflictos de interés.
Identificar las prácticas relacionadas con el nepotismo, clientelismo, favoritismo, puerta giratoria y lobby empresarial.
5. Transparencia en las etapas del ciclo presupuestario.
Promover mejoras regulatorias para el uso eficiente de los recursos públicos.
6. Desarrollo de capacidades institucionales en la prevención y lucha contra la corrupción y sus competencias.
Establecer canales de gestión institucional que permitan el diálogo fluido con la ciudadanía y otras instituciones.
7. Contratación pública responsable y transparente.
Promover la integridad en estos procesos y en los funcionarios del Sistema Nacional de Contratación Pública.
8. Aplicación de las tecnologías en la lucha contra la corrupción.
Aplicar diferentes tecnologías, como el Gobierno Electrónico.
El documento refleja el fin de un proceso que inició en 2021 y que deberá ser ahora la base para la lucha conjunta de las instituciones de la Función Ejecutiva contra la corrupción.
Además, establece responsabilidades institucionales específicas para la aplicación de cada lineamiento. Entre ellas, por ejemplo, las secretarías de Integridad Pública y de Administración Pública, los ministerios de Finanzas, Educación y de Telecomunicaciones, el Servicio Nacional de Contratación Pública y la Función Ejecutiva.
Fuente: Primicias
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