Fiscalía pide 40 meses de prisión para Mayra Salazar
Ecuador.- Mayra Salazar, quien fue intermediaria del narcotraficante Leandro Norero, es una de las procesadas que es juzgada a través de un procedimiento abreviado en el caso Metástasis.
En este caso, se indaga una trama de corrupción enquistada en el poder judicial y político, y se desprende de los chats encontrados en el celular del fallecido narcotraficante.
La audiencia de Salazar se instaló a las 14:00 de este miércoles 24 de julio, en la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en Quito.
Según la Fiscalía, Salazar aceptó su responsabilidad como autora directa del delito de delincuencia organizada y, por eso, se pudo aplicar el procedimiento abreviado.
Inicialmente, la Fiscalía pidió 40 meses de cárcel, que se podrían reducir si es que el juez considera el acuerdo de cooperación eficaz firmado entre esta entidad y Salazar.
Mayra Salazar fue detenida a mediados de diciembre de 2023 como una de las piezas del caso Metástasis. En ese entonces, trabajaba como comunicadora institucional de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
Mientras avanzaba la investigación en este caso, se conoció que Salazar tenía una importante red de contactos políticos, judiciales y en el crimen organizado. Según la Fiscalía,, la acusada “colaboró, desde el ámbito administrativo, para favorecer la impunidad de la organización criminal”.
Pero, además, según la teoría fiscal la procesada identificó y negoció con jueces dispuestos a recibir sobornos, e hizo gestiones para asegurar la liberación de la hermana de Leandro Norero. Esas actividades, dijo la Fiscalía, “quedaron registradas en chats y transacciones bancarias”.
Durante la audiencia, la fiscal enumeró 39 elementos de convicción contra Salazar, entre ellos, los partes policias del caso, las declaraciones patrimoniales de Salazar, informes del SRI y la UAFE, los contratos de trabajo, así como los testimonios de varios de los procesados.
Hasta ahora, ocho procesados se han sometido al procedimiento abreviado y se han declarado culpables de delincuencia organizada. El último fue Álex Palacios quien aceptó que cobró un soborno a nombre de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura.
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