En su pugna con Verónica Abad, el Gobierno busca el aval de la Procuraduría
Ecuador.- La vicepresidenta y también embajadora en Israel, Verónica Abad, debía trasladarse a Turquía hasta el 1 de septiembre. Cuatro días después, mientras eso no se había cumplido, el secretario de Integridad Pública, José Neira, pidió silenciosamente un pronunciamiento ‘clave’ a la Procuraduría.
El 5 de septiembre, Neira consultó a la entidad sobre si un funcionario destituido por abandono del cargo, a través de un sumario administrativo, podría continuar ejerciendo “otro cargo público” o si se encontraría inhabilitado para hacerlo.
Sin embargo, nunca menciona que ese funcionario destituido sería la Vicepresidenta de la República, para quien aplican las mismas seis causales de cese de funciones que para el presidente Daniel Noboa, estipuladas en la Constitución.
El pedido de la Secretaría de Integridad Pública, adscrita a la Presidencia de la República, se enmarca en los artículos 13 y 49 de la Ley del Servicio Público (Losep):
El primero manda que “quien desempeñare dos o más puestos cuya simultaneidad prohíbe esta ley, será removido de aquellos y perderá de hecho todos los puestos”.
El segundo establece que quienes hubieren sido destituidos luego del correspondiente sumario administrativo quedarán inhabilitados para el desempeño de un puesto público.
Y esta consulta de Neira llegó a la Procuraduría seis días antes de que el Ministerio de Trabajo decida investigar e iniciar un sumario administrativo contra Abad por incumplir el plazo ordenado por el vicecanciller, Jaime Barberis, para su traslado desde Tel Aviv hasta Ankara.
Fuente: Primicias
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