Jorge Escala, candidato de Unidad Popular, pide formular cargos por usurpación de funciones contra Cynthia Gellibert y Daniel Noboa
Quito.- Jorge Escala, candidato presidencial de Unidad Popular, acudió este 4 de febrero de 2025 a la Fiscalía General del Estado para hacer una solicitud en relación a una denuncia que interpuso el 8 de enero.
En esa fecha, Escala denunció a la vicepresidenta designada mediante el Decreto Ejecutivo 494, Cynthia Gellibert, y al presidente Daniel Noboa. El mandatario firmó el Decreto Ejecutivo 500 el 7 de enero para encargar la Presidencia a Gellibert.
Escala dijo en esa ocasión que “se comete el delito de usurpación y simulación de funciones públicas, y usurpación y retención ilegal de mando”. Mencionó que esos delitos son sancionados por el Código Orgánico Integral Penal en los artículos 287 y 338.
Escala volvió hoy a la Fiscalía con la sentencia de la Corte Constitucional (CC) en la que declaró inconstitucionales a los decretos 500 y 505 (sobre el encargo de la Presidencia a Gellibert).
“Por lo tanto, se afirma nuestra denuncia de que Gellibert ha usurpado función pública y que Noboa ha cometido el mismo delito. Habiendo ya pruebas más que suficientes, pruebas que dan elementos de convicción, venimos a solicitar a la fiscal general del Estado que, de manera inmediata, pida audiencia ante el juez para la formulación de cargos y se inicie el proceso penal que corresponde tanto a Daniel Noboa y a Cynthia Gellibert, por el delito de usurpación de funciones públicas”, expresó Escala a la prensa.
El candidato presidencial espera que la Fiscalía “aplique el principio de celeridad en la justicia para que estos abusos de poder sean sancionados con todo el peso de la ley”.
Delitos tipificados en el COIP
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina en su artículo 287 el delito de usurpación y simulación de funciones públicas. Señala que la persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
El artículo 338 tipifica el delito de usurpación y retención ilegal de mando. Se establece que la persona que tome el mando político, militar o policial sin estar autorizada para ello o lo retenga excediendo las atribuciones de las cuales goza, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años y la inhabilitación para el ejercicio de cargo público por seis meses. (KSQ)
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