Machala.- Ante el aumento de crímenes, muertes violentas, secuestros y casos de extorsión que extienden sus tentáculos hacia la capital orense, comerciantes del casco céntrico ven viable que el Ejército ecuatoriano resguarde la seguridad ciudadana en las calles de Machala, de forma temporal.
“En 45 años, es la primera vez que se siente tanta inseguridad”, dice Doña Carmen, agregando que el temor hacia la inseguridad se siente cada día y que esto afecta a su negocio y el de sus colegas.
Además, dice que esto se refleja en la baja de ventas en los últimos meses en su comercio, lo que la llevó a exigir el uso de la fuerza militar en las calles como apoyo a la Policía para recuperar la paz.
Esto, a pesar de que el presidente Guillermo Lasso, ya declaró su undécimo estado de excepción en lo que va de su gobierno, de los cuales 10 de ellos van dirigidos a su intento por frenar la inseguridad.
El último fue el pasado 2 de abril, mediante decreto ejecutivo No. 706 aplicado para las jurisdicciones consideradas más conflictivas del país como son la Zona 8 y las provincias de Santa Elena y Los Ríos; medida que no logra parar al crimen organizado, que cada día aumenta y se expande a otras provincias, como es el caso de El Oro, que ya cuenta con 160 muertes violentas en lo que va de 2023. Hechos que llevan a Carmen, al igual que otros propietarios de locales, a coincidir al pensar que este tema se le escapó de las manos al Gobierno.
David es un comerciante de insumos veterinarios. Cree que el incremento de la ola de violencia que azota al país se debe a la falta políticas públicas y mano dura por parte del primer mandatario contra la delincuencia, lo que lo conlleva a pensar, al igual que Carmen, que una solución rápida es el patrullaje militar permanente.
Javier, quien prefiere no mencionar su apellido por temor a ser víctima de la delincuencia, es dueño de una tienda veterinaria en Machala, sufrió un intento de extorsión por medio de llamada telefónica.
Expresa su inconformidad con las autoridades y exige “más resguardo policial para la seguridad ciudadana”, ya que, al igual que la mayoría de locales, se ha visto obligado a tomar medidas alternativas para no ser blanco fácil de los pillos.
Una de esas medidas es cerrar su negocio a las 18:30, una hora antes de lo habitual, lo que genera pérdidas económicas.
Con él coincide Miguel Córdova, comerciante de muebles de la zona, quien dice que “la situación se ha complicado por la delincuencia porque los clientes ya no salen”, además, que “golpe de 18:30 a 19:00 todos los negocios cierran y el centro se queda sin afluencia de compradores”.
A pesar del miedo, los comerciantes dicen estar unidos y listos para apoyarse en caso de que se presente un hecho delincuencial, decididos a arremeter contra los delincuentes para alertar a la multitud hasta la llegada del cuerpo policial, ya que saben que la policía realiza patrullajes, pero no creen que sea suficiente.
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