Machala.- En el marco de la creciente preocupación por la liberación de delincuentes involucrados en casos de extorsión en Ecuador, el ministro del Interior, John Reimberg, ha anunciado que dará a conocer públicamente los nombres de los jueces y fiscales responsables de decisiones judiciales controvertidas.
En este contexto, ya se han hecho públicos algunos de estos nombres, entre ellos, el del juez de lo penal de Machala, Rómulo Atahualpa Espinoza Caicedo, quien también se encuentra señalado en el caso que ha generado un fuerte debate.
Este caso corresponde al proceso número 07283202501174, relacionado con una audiencia de formulación de cargos realizada el 11 de abril de 2025. En dicha audiencia, dos sujetos, presuntamente vinculados a extorsiones y amenazas contra pequeños negocios y viviendas en la provincia de El Oro, fueron detenidos por las autoridades. Sin embargo, pese a las acusaciones en su contra y a las pruebas presentadas, los acusados fueron dejados en libertad.
El fiscal Carlos Vera fue quien no solicitó la prisión preventiva, argumentando que, a su juicio, no había elementos suficientes para justificar la medida. En su intervención, Vera mencionó que “hay hechos que deben ser establecidos y demostrados posteriormente”, por lo que pidió que los implicados se presentaran cada 10 días, pero no solicitó la prisión preventiva, una medida que, de haber sido tomada, hubiera impedido su liberación.
Por su parte, el juez Espinoza Caicedo, al recibir la solicitud del fiscal, acogió las medidas cautelares conforme a lo requerido.
La decisión ha generado controversia, especialmente porque los acusados, en libertad, podrían continuar con amenazas de atentados contra sus víctimas, lo que pone en duda la efectividad de las medidas cautelares adoptadas.
Cabe recordar que el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la extorsión es punible con una pena de 3 a 5 años de prisión, y de 5 a 7 años en caso de agravantes.
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