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UNICEF expresa preocupación por aprobación de la Ley de Integridad Pública en Ecuador

Redacción
junio 25, 2025 2 Min Read
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Ecuador.- La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador ha generado un intenso debate a nivel nacional e internacional. La norma, impulsada por el presidente Daniel Noboa, fue aprobada este martes 24 de junio con 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, de un total de 151 asambleístas.

Uno de los puntos más polémicos de la ley es el endurecimiento de penas para menores de edad, que contempla hasta 15 años de cárcel para adolescentes implicados en delitos graves relacionados con el crimen organizado. Esta disposición provocó la inmediata reacción de UNICEF, organismo de Naciones Unidas especializado en la infancia, que calificó la reforma como “regresiva” y advirtió que afecta gravemente a los derechos de los adolescentes.

En su pronunciamiento oficial, UNICEF aseguró que estas medidas no han demostrado ser eficaces para reducir la inseguridad y podrían agravar la situación del sistema penitenciario juvenil. Asimismo, señaló que la normativa contraviene tanto la Constitución ecuatoriana como la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional ratificado por Ecuador.

La ley contempla además otras reformas estructurales como la posibilidad de que el Presidente de la República disuelva instituciones públicas y modifique el sistema de economía popular y solidaria, al incorporar las cooperativas de ahorro y crédito al sistema financiero privado. Otro punto controversial es la prohibición de reingreso por 40 años a extranjeros expulsados por delitos graves, y su eventual declaración como objetivos militares en caso de reincidencia durante el “conflicto armado interno” declarado por el Ejecutivo contra las bandas criminales.

La Revolución Ciudadana, principal bancada opositora, denunció que el texto final fue modificado durante el debate legislativo sin retornar a la comisión respectiva, lo que consideran una violación del procedimiento parlamentario. “Esto no es solo un error: es una aberración legislativa y una afrenta al Estado de Derecho”, manifestó la agrupación política en un comunicado.

Mientras tanto, el Gobierno defiende la normativa como un paso firme para combatir la corrupción, el crimen organizado y fortalecer la institucionalidad pública. La ciudadanía, por su parte, se mantiene atenta al impacto real que estas reformas tendrán en el país.

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