Caso Apagón: Allanan la casa del exviceministro Fabián Calero por contratos eléctricos con perjuicio de USD 100 millones
Ecuador.- La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron la madrugada de este lunes 12 allanamientos simultáneos en tres provincias del país, en el marco del denominado “Caso Apagón”, que investiga un presunto delito de peculado relacionado con contratos de generación eléctrica.
Uno de los allanamientos se llevó a cabo en el domicilio de Fabián Calero, exviceministro de Electricidad y exgerente de CELEC durante el gobierno de Daniel Noboa. En el lugar se incautaron celulares, computadoras y documentos que servirán como indicios dentro del proceso judicial, según confirmó la Fiscalía.
Operativos en Pichincha, Guayas y Bolívar
Los operativos se realizaron en Pichincha, Guayas y Bolívar, y abarcaron tanto domicilios particulares como oficinas de centrales termoeléctricas. La Fiscalía informó que se recopilaron elementos como dispositivos electrónicos, archivos y documentación relacionada con contratos públicos.
Un perjuicio millonario al Estado
El pasado 21 de julio, la Contraloría General del Estado reveló que los contratos firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y la empresa Progen, para la instalación de las termoeléctricas Quevedo y El Salitral, provocaron un perjuicio de USD 100 millones al Estado.
Según el informe de auditoría, el Estado pagó a Progen USD 70 millones por la planta de El Salitral (Guayas) y USD 30 millones por la de Quevedo (Los Ríos), sin que se cumplieran todos los procesos requeridos ni se justificaran los desembolsos de forma técnica.
El contralor general, Mauricio Torres, advirtió que este caso guarda similitudes con el escándalo de ATM (Austral Technical Management) y que se podrían derivar responsabilidades administrativas, civiles y penales, no solo para funcionarios de nivel medio, sino también para altos cargos de CELEC.
Los allanamientos se desarrollan una semana después de estas declaraciones y forman parte del avance de las investigaciones oficiales para determinar responsabilidades y posibles actos de corrupción en el sector energético del país.
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