Derecho a la salud
Por José Correa Calderón, PhD
En la Constitución ecuatoriana se ha dado especial atención al derecho a la salud. Se lo reconoce como un derecho del buen vivir en el artículo 32, y también como parte fundamental del régimen de desarrollo en el artículo 358 y siguientes. El segundo inciso del artículo 362 determina que “los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación”.
Lamentablemente, la realidad en Ecuador es muy diferente. Hoy ha quedado expuesto lo que por mucho tiempo fue un secreto a voces: el colapso del sistema de salud, que se traduce en falta de medicamentos, falta de equipamiento y abandono de la infraestructura. Si bien la falta de presupuesto es un problema común de los derechos sociales, este se agrava cuando los recursos se disminuyen progresivamente o no se ejecutan oportunamente.
Es inaceptable que existiendo recursos asignados, no se utilicen o se desvíen a otros fines, dejando a miles de personas sin atención médica adecuada. Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ximenes Lopes vs. Brasil ha sido clara al establecer que “los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción… independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado”.
Cuando el Estado incumple ese deber, genera responsabilidad internacional. En ese sentido, la Asamblea Nacional no puede seguir minimizando su rol fiscalizador en este tema, que demanda la intervención integral del Estado. La salud es un tema extremadamente sensible para la población. No importa cuándo leas esto: los gobiernos deben proveer adecuadamente el servicio de salud, y los órganos de control deben cumplir su tarea de fiscalización. En general, los Estados deben hacerse cargo con atención especial y prioritaria.
Mientras se sigan postergando decisiones estructurales, el derecho a la salud seguirá siendo una promesa vacía. Y el país no puede seguir permitiéndose eso.
Nota de redacción: Las ideas y criterios expresados en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de este medio.
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