Alarma por posible impacto del proyecto minero Loma Larga en el agua de Cuenca
Azuay.– El Municipio de Cuenca y organizaciones campesinas mantienen su oposición al proyecto Loma Larga por el riesgo de contaminación de las fuentes hídricas.
El debate en torno al proyecto minero Loma Larga, en el páramo de Quimsacocha (Azuay), sigue abierto. Mientras la empresa canadiense Dundee Precious Metals asegura que no existe riesgo de contaminación del agua que consume Cuenca, la Alcaldía, la empresa municipal Etapa y organizaciones campesinas insisten en su rechazo.
Los representantes de la concesionaria, junto con autoridades del Ministerio de Ambiente y de Agua, sostienen que la mina se desarrollará a 120 metros bajo tierra, fuera de áreas protegidas, con recirculación del 90 % del agua utilizada y descargas en la cuenca del Jubones, ajena al sistema de abastecimiento de la ciudad.
Sin embargo, Etapa advierte que la zona de influencia del proyecto sí compromete páramos y afluentes de los ríos Tarqui y Yanuncay, que proveen agua potable a más de 150.000 habitantes en el sur y oeste de Cuenca, además de 10.000 personas en comunidades rurales. “Un proyecto minero tan cerca de un ecosistema sensible inminentemente va a contaminar el agua”, expresó Rigoberto Guerrero, subgerente de Gestión Ambiental de la empresa municipal.
El alcalde Cristian Zamora añadió que el Gobierno habría recibido información desactualizada sobre el proyecto y reiteró que el informe técnico de Etapa, de 141 páginas, respalda la postura del municipio. En esa misma línea, Yaku Pérez, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA), enfatizó que el impacto no se limita al consumo humano, sino también a la producción de leche y derivados que abastecen a grandes urbes como Quito y Guayaquil.
Aunque Dundee Precious Metals sostiene que realiza monitoreos trimestrales de agua y ha invertido más de un millón de dólares en proyectos ambientales comunitarios desde 2021, el Ministerio de Ambiente mantiene suspendidas sus actividades hasta aprobar el plan de manejo ambiental.
La Alcaldía y la Prefectura de Azuay planean presentar ante el Gobierno el informe de Etapa para exigir la nulidad de la licencia ambiental. “No negociamos con nuestras vidas, con nuestra salud, con el agua”, recalcó Pérez.
En respuesta a declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien pidió que las autoridades locales asuman la responsabilidad en caso de demandas internacionales por suspender el proyecto, la FOA señaló que no corresponde atribuir esa carga a los gobiernos seccionales.
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