La ministra de Economía, Sariha Moya, sostiene que en la revisión de los subsidios no se incluye el gas doméstico
Ecuador.- La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa no eliminará el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), pese a las recientes especulaciones surgidas tras el aumento en el precio del diésel.
“El gas no está en agenda. Es importante para el consumo de los hogares”, afirmó Moya en una entrevista concedida al canal Teleamazonas este 15 de septiembre de 2025, jornada marcada por bloqueos y protestas en provincias como Carchi y Pichincha.
La ministra fue consultada sobre el cambio de postura del Ejecutivo, ya que en campaña el presidente Noboa también prometió no tocar el subsidio al diésel, promesa que finalmente no se cumplió. Al respecto, Moya explicó:
“La declaración del presidente fue antes de asumir el cargo. En ese momento, los datos del déficit fiscal que recibimos no estaban validados”, justificó.
Subsidios en cifras
El subsidio al gas doméstico, junto al del diésel, representa uno de los mayores gastos del Estado ecuatoriano. Solo en 2024, el Ministerio de Finanzas estimó que se destinarían USD 1.506,4 millones al subsidio del diésel y USD 737,2 millones al del GLP.
Actualmente, un cilindro de gas de 15 kilogramos se vende al público por USD 1,65. En el primer semestre de 2025, el Estado ya ha destinado USD 282 millones en subsidios al gas importado, una cifra superior a los USD 254 millones registrados en el mismo período de 2024.
Compensaciones a transportistas
En respuesta al alza del diésel, el Gobierno implementará un plan de compensación para el sector transporte. Moya reconoció la preocupación ciudadana:
“Es normal que las familias ecuatorianas estén inquietas por su nivel de consumo, pero el bienestar de los hogares sigue siendo una prioridad”, aseguró.
Como medida de mitigación, se otorgará un bono mensual de entre USD 400 y USD 1.000 a los transportistas del servicio urbano, interprovincial e intercantonal. La ayuda económica tendrá una duración inicial de ocho meses, aunque no se descarta extenderla hasta por 12 meses, según confirmó la vocera presidencial, Carolina Jaramillo.
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