La Conaie mantiene el paro indefinido y denuncia represión y detenciones arbitrarias
Ecuador.- Este martes 23 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió un pronunciamiento desde el Puyo, en la provincia de Pastaza, en el marco del segundo día del paro nacional que convocaron.
El paro continúa sin fecha de finalización
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, ofreció una rueda de prensa para comunicar las resoluciones tomadas tras la asamblea realizada el lunes. Desde su intervención, denunció la represión que enfrentan manifestantes en las provincias de Pichincha e Imbabura, en el contexto de lo que calificó como una “legítima resistencia ejercida por las comunidades y organizaciones sociales frente al decreto 126”.
Vargas informó que más de 50 personas han sido detenidas arbitrariamente, lo que considera una violación a los derechos humanos, especialmente al derecho a la integridad física y a la protesta social. Añadió que las autoridades no han proporcionado información sobre el paradero de los detenidos, situación que podría constituir el delito de desaparición forzada.
Ante esto, la Conaie exigió que los jueces ordenen la liberación inmediata de los detenidos y garanticen su seguridad. Además, responsabilizó al presidente Daniel Noboa, a sus ministros y a la fuerza pública por cualquier agresión o atentado contra la vida de los manifestantes.
“La resistencia es un derecho, la represión es un crimen”, enfatizó Vargas durante su declaración.
Asimismo, hizo un llamado a los organismos internacionales para que vigilen el aumento de la violencia estatal contra quienes protestan. También exhortó al presidente Noboa a respetar la independencia de los poderes del Estado, en referencia a su propuesta de una Asamblea Constituyente.
Por otro lado, el líder indígena denunció que las cuentas bancarias de dirigentes actuales y anteriores, así como de comunicadores indígenas, permanecen bloqueadas.
Organizaciones amazónicas respaldan las demandas
Organizaciones indígenas de la Amazonía se sumaron al rechazo de las medidas gubernamentales, asegurando que estas afectan a la población en general. En ese sentido, respaldaron las movilizaciones y expresaron su apoyo a las acciones de protesta que se desarrollan en distintos puntos del país.
Las principales exigencias incluyen:
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La derogación inmediata del decreto 126
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La suspensión y eliminación de la onceava ronda petrolera
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El cierre total del catastro minero
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La anulación de leyes que vulneran los derechos colectivos, el derecho a la resistencia y la dignidad de los pueblos y nacionalidades
Los voceros insistieron en que las protestas no solo responden al retiro del subsidio al diésel, sino también a una serie de leyes aprobadas “bajo el pretexto de combatir al crimen organizado”.
Desde la Organización Quichua de Pastaza se reiteró el llamado a un levantamiento y se confirmó la movilización permanente, progresiva y territorial de las comunidades.
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