Tras un mes de protestas, Ecuador intenta levantarse entre el luto y la crisis social
Ecuador. – La decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel ha encendido una de las mayores crisis sociales del 2025. Desde el anuncio del presidente Daniel Noboa, el pasado 13 de septiembre, el precio del galón subió de USD 1,80 a USD 2,80, provocando el rechazo de amplios sectores sociales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) respondió convocando a un paro nacional el 22 de septiembre, una movilización que rápidamente se extendió a todo el país, con especial fuerza en Imbabura, Loja y Pichincha.
Enfrentamientos y víctimas mortales
Lo que inició como una protesta se transformó en violentos enfrentamientos entre comuneros, policías y militares. En Otavalo y Cotacachi, provincia de Imbabura, los choques dejaron un saldo trágico:
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El 28 de septiembre, el comunero Efraín Fuerez, de 46 años, murió tras recibir un disparo durante una protesta en el partidero Cotacachi–Ibarra.
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El 14 de octubre, José Guamán, de 30 años, también perdió la vida después de ser herido de bala en Otavalo y no resistir una segunda operación en el Hospital Eugenio Espejo de Quito.
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Ese mismo día, en Saraguro (Loja), Rosa Elena Paqui, de 61 años, falleció tras un paro cardiorrespiratorio, presuntamente causado por la inhalación de gases lacrimógenos.
La Alianza por los Derechos Humanos reportó que hasta la tercera semana de octubre el paro dejaba:
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296 heridos, algunos con lesiones graves;
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205 detenidos;
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15 desaparecidos temporalmente;
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y 377 vulneraciones de derechos humanos.
Un conflicto que escaló más allá del precio del diésel
El reclamo por el alza del combustible se convirtió en una protesta más amplia. Los manifestantes exigen, entre otros puntos:
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La reducción del IVA del 15% al 12%,
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el aumento del salario básico,
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mayor inversión en salud y educación,
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la defensa del territorio frente a la minería y el petróleo,
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y el rechazo a la consulta popular impulsada por el Ejecutivo.
Imbabura se mantiene como el epicentro de la movilización, con más de una decena de vías bloqueadas según los reportes del ECU 911, mientras otras provincias como Pichincha, Carchi y Loja también registran cierres intermitentes.
El diálogo, una puerta cerrada
El Gobierno anunció que “no existen las condiciones” para continuar el diálogo con la dirigencia indígena, a la que acusa de incumplir acuerdos previos. Sin embargo, el conflicto se ha fragmentado: ahora el Ejecutivo debe dialogar también con otras organizaciones regionales, como la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte (Chijallta Fici), que actúan de forma autónoma.
El exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, analizó las causas del fracaso del diálogo y señaló errores de ambos lados: “Se perdió tiempo, el acercamiento fue parcial y tardío, y no se escogieron a los interlocutores adecuados”.
Jiménez advirtió que los gobiernos no pueden imponer con quién negociar. “Son las organizaciones quienes deciden sus voceros; si no se respeta eso, los acuerdos no tendrán legitimidad”, afirmó.
Compensaciones en marcha
Para mitigar el impacto de la medida, el Ejecutivo activó bonos de compensación dirigidos a los transportistas, con montos que van de USD 400 a 1.800 mensuales, según el tipo de vehículo. Este beneficio busca aliviar parcialmente el aumento del costo del diésel en el transporte y la producción.
Pese a los intentos del Gobierno, las comunidades mantienen su desconfianza y piden soluciones estructurales que garanticen justicia social, económica y ambiental.
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