Medios comunitarios bajo presión: denuncian censura en el Gobierno de Noboa
Ecuador. – Durante el estado de excepción decretado el pasado 4 de octubre de 2025, en medio de las protestas convocadas por el movimiento indígena, el Gobierno de Daniel Noboa ha sido señalado por profundizar el control de la información y limitar la libertad de prensa en el país.
Según reportes de organizaciones de comunicación, al menos tres medios comunitarios fueron suspendidos por disposición de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), bajo el argumento de proteger la seguridad nacional.
El estado de excepción se extendió a 11 provincias, entre ellas Imbabura, Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, justo cuando las movilizaciones se intensificaban en la Sierra.
Aunque el Ejecutivo no suspendió formalmente la libertad de información —una medida permitida por ley en este tipo de decretos—, sí ejerció control sobre derechos y libertades, respaldado por la movilización de policías y militares en todo el territorio.
Medios comunitarios bajo presión
Desde el inicio del paro, el Gobierno actuó contra varios medios locales, en su mayoría comunitarios.
El 23 de septiembre, TV MICC, perteneciente al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), fue cerrada temporalmente. Arcotel argumentó que la suspensión buscaba “precautelar el orden público”, luego de que el canal transmitiera en vivo una marcha indígena en Latacunga.
Días después, el 17 y 18 de octubre, la entidad suspendió también las señales de Radio Ilumán y Radio Inti Pacha, emisoras comunitarias de Imbabura y Cayambe, respectivamente.
En el caso de Radio Ilumán, una estación con más de dos décadas de trayectoria en la Sierra norte, la suspensión duró solo unas horas, pero la emisora fue sometida a un proceso administrativo.
La Coordinadora de Medios Comunitarios (Corape) rechazó la medida y la calificó como un acto arbitrario que afecta el pluralismo informativo y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Durante los días más tensos del paro, se registró además la interrupción total del servicio telefónico y de Internet en Otavalo, lo que limitó la comunicación y el acceso a información en la zona.
TV MICC: la voz indígena silenciada
TV MICC, considerado el primer canal comunitario indígena del país, transmite contenidos en kichwa y cubre varias ciudades de Cotopaxi y Tungurahua.
Según el Gobierno, su señal fue suspendida por difundir contenidos que “afectaban la seguridad nacional”.
Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, sostienen que se trató de una represalia por informar desde los territorios movilizados.
Organizaciones denuncian censura y represión
Diversas entidades, como Periodistas Sin Cadenas, Fenape y la Unión Nacional de Periodistas (UNP), han advertido que las medidas del Gobierno representan una grave amenaza a la libertad de prensa.
En su pronunciamiento, la Fenape condenó las agresiones físicas, la destrucción de equipos y las requisas arbitrarias registradas durante la cobertura del paro.
A estos hechos se suman casos de intimidación y cierre de medios locales, como El Ferroviario, de Durán, que fue clausurado tras amenazas a su equipo, y agresiones a periodistas en provincias como Esmeraldas y Pichincha.
Según reportes de gremios y ONG, más de 50 comunicadores fueron agredidos durante las protestas de 2025, en un contexto marcado por la criminalización de la protesta y la presión estatal sobre medios críticos.
Medios bajo control político y pugnas empresariales
A los cierres y suspensiones se suman preocupaciones por la concentración de medios en manos vinculadas al oficialismo.
Empresarios cercanos al movimiento ADN adquirieron los medios digitales La Posta y Radio Centro Digital por USD 2,6 millones, a través de la empresa Galamedios S.A.S., creada apenas semanas antes de las compras.
En paralelo, surgieron tensiones entre el Gobierno y el grupo Gráficos Nacionales S.A., propietario de Diario Expreso y Extra, tras publicaciones de La Posta que el grupo calificó como parte de una “campaña de difamación”.
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