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Cartografía de la Impunidad” expone cómo la Iglesia ocultó abusos en varias provincias del país

Redacción
diciembre 10, 2025 3 Min Read
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Ecuador.- La publicación del informe “Violencia Sexual Clerical en Ecuador – Cartografía de la Impunidad”, elaborado por la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe (COVSFE) y el colectivo Solidaridad en Misión, ha vuelto a situar a la jerarquía de la Iglesia Católica ecuatoriana en el centro de una profunda crisis ética y jurídica.
El documento desmonta la narrativa oficial que presenta estos hechos como “sucesos aislados” y revela la existencia de un entramado sistemático de encubrimiento orientado a silenciar denuncias, proteger a los agresores y evitar que las investigaciones lleguen al sistema judicial.

Los relatos recogidos provienen de parroquias, seminarios y centros educativos de al menos cinco provincias —entre ellas Pichincha, Guayas y Galápagos—, lo que confirma que el problema tiene un alcance nacional.

Clericalismo y protección institucional

El estudio señala al clericalismo como el pilar que sostiene esta estructura de impunidad. Esta práctica otorga al clero una autoridad moral incuestionable y genera un “escudo de inmunidad” que obstaculiza tanto las denuncias como el control judicial.
El poder espiritual funciona como un mecanismo de sometimiento: muchas víctimas ven al sacerdote como una figura sagrada, lo que, sumado a la obediencia, el miedo y la culpa, facilita los abusos y retrasa su revelación.

Mecanismos de encubrimiento

La investigación detalla 14 casos confirmados, aunque advierte que representan solo una mínima parte. En la Arquidiócesis de Quito existirían al menos 45 denuncias no oficiales que nunca fueron divulgadas.

Entre los patrones de encubrimiento detectados se encuentran:

• Traslados sin consecuencias
La respuesta más habitual ante una denuncia ha sido mover al sacerdote a otra parroquia o provincia en vez de presentar cargos. Esta práctica oculta los delitos y expone a nuevas comunidades al peligro, perpetuando el ciclo.

• Expedientes cerrados
El secreto canónico mantiene bloqueados los archivos internos, impidiendo el acceso a información clave para procesos penales y convirtiéndose en una barrera directa para conocer la verdad.

• Procesos canónicos en lugar de investigaciones civiles
La Iglesia prioriza los procedimientos internos sobre las denuncias formales, con el objetivo principal de resguardar la institución más que de reparar a las víctimas.
Un ejemplo es el caso del sacerdote Julián, acusado de violación grupal. El tribunal eclesiástico no lo sancionó por agresión sexual, sino solo por violar el voto de celibato. Aunque posteriormente fue expulsado del sacerdocio, no hubo reparación para las víctimas ni una investigación penal.

Consecuencias para las víctimas

El informe revela el profundo daño emocional causado por la falta de respuesta institucional. En 2024, al menos dos víctimas se suicidaron tras denunciar sin recibir apoyo de las autoridades eclesiales.

Los casos de Ricardo y Juan Daniel son representativos. Ambos buscaron justicia y acompañamiento dentro de la Iglesia, pero solo encontraron silencio.
Juan Daniel Bayas entregó una carta con su testimonio al arzobispo de Quito, Alfredo Espinoza, sin obtener respuesta.
Varias familias que acudieron a la justicia ordinaria denunciaron haber sufrido intimidaciones y represalias.
El informe menciona el caso de Karen, cuyos padres recibieron amenazas y pintas intimidatorias por mantener activa la denuncia penal y rechazar disculpas institucionales.

El fin del silencio

Uno de los impulsores del informe, Solidaridad en Misión, compuesto por religiosos, laicos, sacerdotes y religiosas, ha denunciado de manera abierta la cultura de silencio dentro de la Iglesia.

El colectivo ha elevado el caso a instancias internacionales y ha exigido:
• La creación de una Comisión Pontificia independiente.
• La renuncia del arzobispo Alfredo Espinoza por su manejo de la crisis.
• La apertura inmediata de los archivos eclesiásticos por parte de la Fiscalía General del Estado.

Propuestas de justicia transicional

El informe plantea una respuesta estatal integral, que incluye:

• Reformar el COIP
Incorporar los delitos de Pederastia Clerical y Violencia Sexual Institucional, incluyendo el abuso de poder como agravante.

• Denuncia obligatoria
Imponer la obligación legal de que cualquier autoridad eclesial reporte indicios de abuso en un máximo de 24 horas, bajo sanciones penales.

• Apertura completa de archivos
Exigir la desclasificación total de los expedientes eclesiásticos para permitir investigaciones civiles independientes. Según las organizaciones, esta medida es indispensable para avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación.

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Redacción

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