“Abuso de poder estatal”: Tribunal dicta pena máxima contra la patrulla que desapareció a Steven, Saúl, Josué e Ismael
Ecuador. – La justicia tardó un año, pero llegó con todo el peso de la ley. Este lunes 22 de diciembre de 2025, el Tribunal Penal dictó una sentencia histórica: 11 militares de la Fuerza Aérea (FAE) fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión por la desaparición forzada y muerte de los pequeños Ismael, Josué, Saúl y Steven.
La audiencia, que mantuvo en vilo a Guayaquil durante seis semanas, concluyó con un relato escalofriante sobre lo que realmente pasó la noche del 8 de diciembre de 2024 con la patrulla “Tango Charlie”.
“Agradece que no te pego un tiro”
El juez fue contundente: hubo un abuso de poder estatal. Los videos y testimonios revelaron que los uniformados detuvieron a los menores (de entre 11 y 15 años) en la Av. 25 de Julio por un supuesto robo. Pero en lugar de llevarlos a la Policía o llamar a sus padres, se los llevaron por una “ruta prohibida” hacia la base de Taura, en Naranjal.
Lo que vivieron los niños fue una tortura. Según el fallo, fueron obligados a desnudarse, recibieron disparos intimidatorios cerca de sus cuerpos y fueron forzados a realizar trabajos físicos, como mover un árbol caído. Uno de los audios recuperados captó la frase de un militar: “Agradece que no te pego un tiro”.
“La muerte de los menores fue producto de la situación de abandono en un lugar peligroso y desolado”, sentenció el juez Jovanny Suárez.
Sentencias diferenciadas y un inocente
El Tribunal no juzgó a todos por igual. Gracias a que algunos militares decidieron hablar y romper el “pacto de silencio”, se pudo conocer la verdad.
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Autores directos: 11 militares recibieron la pena máxima (34 años).
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Cooperadores eficaces: 5 uniformados que confesaron recibieron una pena reducida de 30 meses.
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El oficial al mando: El Teniente Coronel Juan Francisco I. fue declarado inocente, pues los jueces consideraron que no hubo pruebas de que él ordenara el crimen o supiera del ocultamiento, más allá de su rango.
Limpiar su nombre
Más allá de la cárcel, el Tribunal ordenó algo que las familias pedían a gritos: limpiar la honra de los chicos. Los jueces dispusieron que la institución pida disculpas públicas y aclare que los menores no eran delincuentes vinculados a bandas criminales, como se intentó hacer creer falsamente al principio para justificar el crimen.
En los exteriores del complejo judicial Albán Borja, los padres de Ismael, Josué, Saúl y Steven recibieron la noticia entre lágrimas, cerrando un doloroso capítulo de impunidad.
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