CIDH exige a Ecuador respuestas por 26 personas desaparecidos tras operativos militares
Ecuador. – Justo antes de que termine el año, Ecuador recibe un llamado de atención urgente desde Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió otorgar medidas de protección a favor de 26 personas desaparecidas (incluyendo seis menores de edad) y de seis valientes mujeres que se juegan la vida buscándolos.
La resolución, tomada en Nochebuena y hecha pública ayer, 30 de diciembre, pone el dedo en la llaga sobre lo que ocurrió tras la declaratoria de “Conflicto Armado Interno”.
¿Qué pasó tras el Decreto 111? El Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) denunció que, desde enero de 2024, cuando el Gobierno declaró la guerra a las bandas y sacó a los militares a las calles, ocurrieron cosas oscuras.
La denuncia es grave: se alega que estas 26 personas habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas en operativos supuestamente para “neutralizar terroristas”. El problema es que, hasta la fecha, nadie sabe dónde están. A pesar de que las familias han puesto denuncias y recursos legales, la Policía y el Ejército no dan respuesta sobre su paradero.
Las “buscadoras” están en peligro Pero la tragedia no termina ahí. Las madres y esposas que han salido a buscar a sus seres queridos denuncian que están siendo amenazadas e intimidadas. Ellas no solo cargan con el dolor de la ausencia, sino con el miedo de ser las próximas víctimas.
Por eso, la CIDH ordenó proteger específicamente a seis mujeres: Lorena Roca, Wendy Álvarez, Mercí García, Mayra Álvarez, Jeniffer Pillajo y la esposa de Jonathan Villón.
Las 4 tareas para el Estado La CIDH considera que la situación es de “gravedad y urgencia” y le ha puesto deberes inmediatos al Estado ecuatoriano:
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Redoblar esfuerzos para encontrar a los 26 desaparecidos.
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Entregar toda la información oculta que permita saber qué pasó con ellos.
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Proteger la vida de las seis mujeres buscadoras y darles atención médica y psicológica.
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Investigar a fondo para que esto no vuelva a pasar.
Aunque esto no es una sentencia final, es una advertencia clara: la guerra contra el crimen no puede ser una excusa para que la gente desaparezca sin dejar rastro.
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