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Expectativa en la UTMACH por proceso judicial pendiente de exdocente destituido

Redacción
enero 20, 2026 2 Min Read
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Machala.- La comunidad universitaria de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) ha expresado su preocupación en los últimos días ante versiones atribuidas al exdocente Henry Olay Peláez Rodríguez, quien habría señalado a miembros del entorno académico que estaría próximo a reintegrarse a la institución, pese a que no existe hasta el momento una resolución judicial que así lo determine.

Peláez Rodríguez fue destituido de forma definitiva el 24 de abril de 2024, tras un proceso disciplinario interno en el que se establecieron faltas calificadas como muy graves, relacionadas con hechos de violencia de género, psicológica y sexual, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el Estatuto de la UTMACH. Estas normativas obligan a las instituciones de educación superior a garantizar entornos seguros y libres de violencia.

Posteriormente, el exdocente presentó una acción de protección contra la Universidad, argumentando presuntas vulneraciones al debido proceso, al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Sin embargo, la demanda fue negada en primera instancia, luego de que la jueza constitucional determinara que los cuestionamientos planteados correspondían a un debate de legalidad administrativa, propio de la jurisdicción contencioso-administrativa, y no a una afectación directa de derechos constitucionales. En consecuencia, la desvinculación institucional continúa plenamente vigente.

No obstante, el proceso judicial aún no ha concluido. Desde marzo de 2025 se encuentra pendiente la resolución del recurso de apelación, actualmente en conocimiento de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, integrada por los magistrados Clemencia Grijalva Álvarez (ponente), Carlos Cabrera Palomeque e Isela Ordóñez Muñoz, según consta en el sistema público del Consejo de la Judicatura.

La difusión anticipada de un supuesto fallo favorable, sin que exista una sentencia ejecutoriada, ha generado alertas dentro de la comunidad universitaria, cuyos miembros advierten sobre un intento de posicionar en la opinión pública un escenario de hechos consumados, mientras el expediente continúa bajo análisis del órgano jurisdiccional competente.

Estudiantes, colectivos académicos y sectores sociales han señalado que la decisión que adopte la Sala tendrá un alto impacto institucional, jurídico y social, por lo que será observada con especial atención. En ese marco, la expectativa ciudadana se centra en que los jueces resuelvan el caso con estricto apego a la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigente, ponderando no solo los derechos del accionante, sino también los principios de protección reforzada frente a la violencia en el ámbito educativo, la seguridad jurídica y la confianza pública en la administración de justicia.

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