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Defensa de Aquiles Alvarez denuncia que el SNAI ignoró la recomendación del juez de dejarlo en Quito

Redacción
febrero 12, 2026 2 Min Read
18 0

Ecuador. – La madrugada de este jueves 12 de febrero trajo una sorpresa en el caso judicial más sonado del momento. Aunque existía una recomendación judicial para que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, permaneciera recluido en la capital, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) decidió trasladarlo a la cárcel de Latacunga.

La discordia: ¿Quién decide dónde va el preso?
Ramiro García, abogado defensor del burgomaestre, hizo pública su indignación. Mostró el documento oficial donde el juez anticorrupción, Jairo Serrano, recomendó verbalmente que Alvarez fuera llevado al Centro de Rehabilitación Pichincha Nro. 2 (conocido como Cárcel 4) para garantizar su seguridad e integridad física.

Sin embargo, en el mismo oficio se lee la “letra chica”: el juez aclaró que el SNAI, como organismo responsable de la seguridad, tiene la potestad final de decidir el centro adecuado tras evaluar el “nivel de riesgo”.

“Ese es el nivel de persecución que enfrentamos”, sentenció García, al confirmar que el ente penitenciario ignoró la sugerencia del magistrado y envió al Alcalde a Cotopaxi bajo un fuerte resguardo policial y militar.

Rumbo a tribunales internacionales
Para la defensa, esto no es solo un tema administrativo, sino una violación de derechos. García anunció en medios locales que llevarán el caso ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado argumenta dos puntos graves:

  1. Triple juzgamiento: Asegura que se están triplicando investigaciones por los mismos hechos, lo cual es inconstitucional.

  2. Seguridad: El traslado a cárceles de mayor rigor (sus hermanos fueron enviados a la cárcel de Turi en Cuenca) pone en riesgo a los procesados.

El contexto del Caso Goleada
La prisión preventiva se dictó la noche del miércoles 11 de febrero, tras una audiencia reservada en el Complejo Judicial Norte. La Fiscalía acusa a Alvarez y a otras 10 personas de presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Mientras los simpatizantes de la Revolución Ciudadana protestaban afuera, el destino del Alcalde se sellaba con un boleto directo a Latacunga.

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