RC, PSC y Pachakutik se unen para frenar la reforma económica a los municipios
Ecuador. – El reloj corre para las alcaldías y prefecturas del país. Este viernes 20 de febrero de 2026, a las 11:00, la Universidad Ecotec en Samborondón será el escenario de una votación que definirá el futuro económico de los gobiernos locales.
El oficialismo llega al segundo y definitivo debate de la reforma al COOTAD con la calculadora en la mano y un panorama político complicado, pues grandes bancadas como la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK) ya adelantaron que votarán en contra.
¿De qué se trata la famosa regla del 70/30?
El objetivo principal del presidente Daniel Noboa es poner un límite estricto a cómo los municipios gastan el dinero de los ecuatorianos.
La ley propone una regla fiscal rígida: obligar a que al menos el 70% del presupuesto se destine a obras públicas e inversión, dejando un máximo del 30% para sueldos y gastos administrativos (gasto corriente). Para amortiguar el impacto, el Gobierno aceptó que la medida se aplique poco a poco, empezando con un 65%, subiendo al 68% y llegando finalmente al tope del 70%.
¿Por qué la oposición rechaza la ley?
Los gobiernos seccionales y varias bancadas legislativas aseguran que esta norma es una “camisa de fuerza” que pone en riesgo la autonomía y los servicios ciudadanos. Sus principales críticas son:
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Revolución Ciudadana: Sostienen que es un “castigo” que desconoce la realidad de cada ciudad. Advierten que al limitar el gasto se afectarán servicios cotidianos como la recolección de basura, el bacheo de calles y el combustible para emergencias invernales. Por ello, pidieron formalmente que la ley sea archivada.
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Partido Social Cristiano (PSC): Denuncian que la narrativa del Gobierno es engañosa y que, en la práctica, el ajuste significaría un recorte de casi USD 1.000 millones para las autoridades locales. Además, alertan sobre posibles presiones financieras, ya que el Estado podría retener dinero a quienes no cumplan. “Se castiga a la población por la eventual ineficiencia de la autoridad”, sentenció el legislador Alfredo Serrano.
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Pachakutik y exaliados: Aunque reconocen que algunos municipios gastan demasiado en nómina, coinciden en que los recortes terminarán afectando proyectos sociales vitales para niños, mujeres y adultos mayores. Exigen que las sanciones recaigan sobre el alcalde o prefecto irresponsable, y no sobre el bolsillo de la ciudad.
La defensa oficialista: “Menos burocracia, más obras”
Desde la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), defienden que la propuesta solo busca ordenar las prioridades y volver a una regla que ya existía en 2010.
Para sustentar su postura, la asambleísta Valentina Centeno reveló cifras alarmantes: en pleno 2026, el 59% de los cantones no tiene alcantarillado y casi el 30% de los ecuatorianos carece de agua de calidad. Bajo esa lógica, el oficialismo insiste en que la autonomía no debe usarse como excusa para gastar millones en conciertos o engordar la burocracia mientras faltan servicios básicos.
A la caza de los 77 votos
Para que la ley no se hunda, el Gobierno necesita sumar 77 votos. Aunque ADN cuenta con el respaldo de algunos legisladores independientes y exmiembros de otras bancadas (como José Nango o Sergio Peña), el resultado final es incierto. La decisión recaerá en los asambleístas indecisos, quienes han asegurado que definirán su postura en el último minuto antes de apretar el botón de votación.
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