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Avanza la polémica ley que cambiaría las reglas de la minería en Ecuador

Redacción
febrero 24, 2026 2 Min Read
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Ecuador. – Mientras la mayoría del país dormía, la política seguía moviéndose. Cerca de las 23:50 del lunes 23 de febrero de 2026, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate de la nueva Ley de Minería y Energía, un proyecto urgente impulsado por el presidente Daniel Noboa.

Con ocho votos del oficialismo (ADN) y sus aliados, el documento superó este filtro y ahora se prepara para su batalla final en el Pleno de la Asamblea, donde necesitará al menos 77 votos para convertirse en ley.

Pero, ¿por qué esta ley genera tanta polémica? Aquí te resumimos los cambios más importantes y las críticas que han encendido las alarmas en sectores sociales y ambientales.

1. Permisos exprés y el “silencio positivo”
El punto que más preocupa a los ambientalistas es cómo se entregarán los permisos para la minería. La ley propone cambiar la exigente “licencia ambiental” por una simple “autorización administrativa” en ciertas fases. Además, incluye una regla muy polémica: si el Estado no responde a un pedido de permiso minero en seis meses, este se dará por aprobado automáticamente (silencio administrativo positivo). Para los críticos, esto es un peligro enorme que deja desprotegida a la naturaleza por culpa de la lentitud burocrática.

2. Militares cuidando zonas mineras
La ley crea las “Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica”. Esto significa que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en estas zonas para proteger al personal y la infraestructura de las empresas frente a la minería ilegal o sabotajes. Mientras el Gobierno defiende que esto es necesario por seguridad, los opositores temen que los militares terminen usando recursos públicos para cuidar intereses privados y criminalizar las protestas de las comunidades.

3. Más tiempo para explorar y la energía eléctrica
El proyecto amplía el tiempo que una empresa tiene para explorar una zona minera, pasando de 8 a 15 años. Por otro lado, en el sector eléctrico, la ley abre más puertas para que empresas privadas se hagan cargo de la generación de energía, algo que la oposición califica como una “privatización encubierta”.

El choque de posturas
Durante el debate, la voz de los colectivos ambientales se hizo escuchar. María José Andrade, del colectivo Napo Ama la Vida, advirtió que flexibilizar los permisos facilitará la contaminación de ríos con mercurio, causando graves problemas de salud, incluso malformaciones en recién nacidos.

En contraste, desde el Gobierno, la delegada del Viceministerio de Minas, María Emilia Limongi, aseguró que la ley no elimina los controles ambientales, sino que busca aclarar las reglas para atraer inversión y combatir la minería ilegal. Además, se incluyó a última hora un artículo para que se respeten los resultados de las consultas populares que prohíben la minería en ciertos territorios.

Ahora, la última palabra la tendrán los 151 asambleístas en el Pleno.

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