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¡Freno a la minería! Conaie y Yasunidos llevarán la nueva ley de Noboa a la Corte Constitucional

Redacción
febrero 27, 2026 2 Min Read
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Ecuador. – Apenas salió del horno legislativo y la nueva Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía ya tiene una dura batalla por delante. Tras ser aprobada este jueves 26 de febrero de 2026 con 77 votos en la Asamblea Nacional —impulsada por el oficialismo (ADN) y sus aliados—, un bloque de organizaciones sociales anunció que buscará tumbar la normativa en la Corte Constitucional.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el colectivo ambientalista Yasunidos y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) confirmaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad. ¿La razón principal? Consideran que la ley pone en grave riesgo el agua, los territorios y la naturaleza.

El reclamo de los ambientalistas
Para el colectivo Yasunidos, esta ley (enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de urgencia económica) no es un simple ajuste técnico, sino un empujón hacia un modelo que nos hace más dependientes de la minería.

Los activistas advierten que la normativa:

  • Prioriza el dinero sobre los derechos: Aseguran que se busca garantizar la rentabilidad de élites económicas, dejando en segundo plano el cuidado ambiental.

  • Usa un falso discurso verde: Aunque la ley habla de “licencia social” o acuerdos ambientales, Yasunidos afirma que en la práctica debilita los candados de protección y abre la puerta a que se tomen decisiones aceleradas y con menos participación ciudadana.

  • Faltó diálogo: Denuncian que la ley se aprobó sin un verdadero debate democrático que incluyera a las comunidades afectadas.

La defensa del agua desde la Conaie
Por su parte, la Conaie fue tajante en su rechazo. La organización indígena argumenta que el Gobierno usó la excusa de “urgencia económica” para imponer reglas que favorecen netamente a los intereses extractivistas (mineras y petroleras).

Para ellos, esta ley es una amenaza directa a las fuentes de agua, esenciales para la vida de los pueblos y el campo. Frente a este escenario, confirmaron que en los próximos días oficializarán su demanda ante los jueces constitucionales, buscando que la ley quede sin efecto para proteger los recursos naturales estratégicos de todos los ecuatorianos.

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