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Piden la destitución del Ministro de Defensa y debaten la histórica sentencia de Las Malvinas

Redacción
marzo 13, 2026 2 Min Read
17 0

Ecuador. – La trágica desaparición forzada de Josué, Ismael, Steven y Nehemías —los cuatro niños del sector Las Malvinas— pasó de los tribunales de justicia a la arena política. Tras la histórica sentencia de la Corte Constitucional, la asambleísta Mónica Palacios (Revolución Ciudadana) anunció que buscará la censura y destitución del actual ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

“El Estado se tiene que hacer responsable del crimen que ha cometido contra los niños; sus familiares necesitan una respuesta inmediata”, reclamó tajantemente la legisladora, argumentando que, si la justicia ya hizo su parte, ahora le toca a la Asamblea Nacional aplicar la sanción política.

Los obstáculos del juicio
Sin embargo, llevar al Ministro de Defensa al banquillo de los acusados no será tarea fácil y depende de las matemáticas legislativas:

  1. Las firmas: Primero, Palacios necesita recolectar al menos 38 firmas de respaldo entre los asambleístas.

  2. El filtro oficialista: Si consigue las firmas, el pedido debe pasar por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). El gran obstáculo aquí es que este organismo actualmente está controlado por la bancada de Gobierno (ADN), quienes tendrán la última palabra para calificar o bloquear el juicio contra su propio ministro.

Día clave en el Pleno: ¿Qué pasará hoy?
Mientras se cocina este juicio político, la Asamblea tiene una cita urgente hoy, viernes 13 de marzo. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, convocó a una sesión virtual a las 10:00 a.m. para que el Pleno conozca oficialmente la sentencia que emitió la Corte Constitucional sobre este doloroso caso.

En esta sesión, los asambleístas deberán acatar una de las órdenes directas de los jueces: emitir una resolución para declarar oficialmente el 8 de diciembre como el día de conmemoración nacional en memoria de los cuatro pequeños. Para cumplir con este mandato, el Parlamento tiene un plazo máximo de tres meses.

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