Relatores de la ONU envían dura carta al Gobierno por la situación de Derechos Humanos
Ecuador. – La política de seguridad del Gobierno ecuatoriano está bajo el escrutinio internacional. El pasado 9 de marzo de 2026, ocho relatores especiales de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta directa al presidente Daniel Noboa. En el documento, los expertos internacionales expresan su profunda preocupación por lo que consideran una “criminalización” de las acciones civiles y señalan posibles vulneraciones a los derechos humanos en el país.
El excanciller ecuatoriano Guillaume Long reaccionó a la publicación del documento a través de su cuenta en X, asegurando que “nunca antes Ecuador había sido blanco de semejante nivel de crítica por parte de Naciones Unidas”.
Para no enredarnos en términos legales complejos, aquí te resumimos las tres grandes alertas que emitió la ONU:
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La definición de “Terrorismo”: Los relatores advierten que el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) castiga el terrorismo con una definición “excesivamente amplia”. Sobre este punto, el excanciller Long cuestionó que el Ejecutivo estaría utilizando esta palabra en sus discursos como un escudo para justificar presuntos excesos y abusos de autoridad, sin que existan procesos rigurosos de investigación.
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Justicia y Estados de Excepción: La misiva internacional cuestiona el uso constante de los estados de excepción como medida de gobierno y expresa su preocupación por una posible afectación a la independencia de los jueces en el país.
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Intervención de comunicaciones y privacidad: La ONU le recuerda al Estado ecuatoriano que cualquier ciudadano que sospeche que los servicios de inteligencia están espiando o interceptando sus comunicaciones privadas, debe tener a la mano un recurso legal efectivo para defender su derecho a la intimidad.
¿Qué proponen los expertos?
Basados en este duro diagnóstico, los relatores —quienes son especialistas globales en temas como ejecuciones extrajudiciales, independencia de magistrados, desapariciones forzadas y derechos indígenas— dejaron una lista de tareas. Recomiendan, principalmente a la Asamblea Nacional, que se realicen reformas legales urgentes para corregir estos vacíos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
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