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Toque de queda es constitucional, pero con control y garantías, dice la Corte

Redacción
marzo 20, 2026 2 Min Read
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Ecuador.- La Corte Constitucional del Ecuador declaró la constitucionalidad de la suspensión del derecho a la libertad de tránsito en horario nocturno, en el marco del estado de excepción vigente en varias provincias del país, aunque estableció condiciones específicas para su aplicación.

La decisión consta en el Dictamen 2-26-EE/26(a), en el que el organismo avala el toque de queda entre las 23h00 y las 05h00 en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, medida vigente desde el 15 de marzo de 2026 y que se mantendrá mientras dure el estado de excepción.

El dictamen establece que la restricción es constitucional siempre que se aplique bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y control. En ese sentido, dispone que la Defensoría del Pueblo deberá monitorear, en coordinación con la fuerza pública, las acciones ejecutadas durante el toque de queda.

Asimismo, la Corte ordena que la medida sea aplicada de forma individualizada, contemplando los casos en los que ciudadanos necesiten movilizarse por razones ineludibles durante el horario restringido. También recalca que toda actuación de las autoridades debe respetar los derechos humanos y el debido proceso.

En cuanto a los servicios esenciales, el organismo fue enfático en señalar que la restricción no puede afectar su continuidad. Por ello, se establecen excepciones para el sector salud, servicios de emergencia, sectores estratégicos, el sistema de justicia y los servicios públicos en general, garantizando el funcionamiento del Estado.

El dictamen también recuerda que durante la vigencia de la medida no se podrá impedir el trabajo de los medios de comunicación ni de organizaciones internacionales, siempre que actúen conforme a sus fines. Además, puntualiza que la participación de las Fuerzas Armadas deberá regirse por los mecanismos constitucionales correspondientes.

Con estas condiciones, la Corte busca equilibrar la seguridad pública con la protección de los derechos fundamentales en el contexto del estado de excepción.

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