El Salvador aprueba cadena perpetua para menores de edad
El Salvador. – El Salvador vuelve a sacudir el tablero de la seguridad en la región con medidas drásticas, un tema que resuena con fuerza en nuestro país. Este jueves 26 de marzo, el Congreso salvadoreño dio luz verde a un paquete de reformas penales que marcan un antes y un después: a partir de ahora, los menores de edad podrán ser condenados a cadena perpetua.
Esta contundente decisión es el resultado de una reforma impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, la cual busca castigar con el máximo peso de la ley a quienes cometan crímenes de alto impacto, sin importar si aún no cumplen los 18 años.
¿Para qué delitos aplica el castigo máximo?
La nueva normativa es clara y no deja espacio a interpretaciones. La prisión de por vida está reservada exclusivamente para tres tipos de criminales:
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Homicidas (asesinos).
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Violadores.
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Terroristas (categoría en la que el gobierno salvadoreño clasifica a los miembros de pandillas).
La “aplanadora” política de Bukele
La aprobación de esta ley fue un trámite rápido. El partido gobernante, Nuevas Ideas, hizo valer su abrumadora mayoría en la Asamblea Legislativa y logró pasar la reforma con 57 votos a favor de los 60 posibles. La oposición, reducida a su mínima expresión, se dividió entre votos en contra y abstenciones.
Para que esta ley sea una realidad, los legisladores salvadoreños tuvieron que hacer cambios “exprés” a su Constitución y a varios códigos penales en un tiempo récord de apenas una semana.
¿Qué pasa con los derechos internacionales?
Anticipándose a las críticas de las organizaciones de derechos humanos, la reforma incluye una cláusula especial para la niñez. Aunque la condena inicial sea la prisión perpetua, la ley establece que el castigo deberá pasar por una “evaluación y revisión periódica obligatoria”. Según el Congreso, este detalle técnico garantiza que la medida no rompa con los estándares constitucionales ni con los tratados internacionales de protección a menores.
La nueva ley entrará en vigencia oficial ocho días después de su publicación en el Registro Oficial salvadoreño.
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