Contraloría pone en la mira el patrimonio de dos jueces constitucionales
Ecuador. – El patrimonio de dos de los más altos magistrados del país está bajo la lupa. Tras realizar exámenes especiales a sus declaraciones juramentadas entre 2020 y 2025, la Contraloría General del Estado detectó serias inconsistencias económicas en las cuentas de los jueces constitucionales Alí Lozada Prado y José Luis Terán.
Al no poder justificar el origen de miles de dólares, el organismo de control ya remitió los expedientes a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones penales correspondientes.
El caso de Alí Lozada: Fondos en Chile y un fuerte incremento patrimonial
Lozada, quien llegó a ser presidente de la Corte Constitucional, no logró justificar el origen de más de 25 mil dólares (divididos entre depósitos en Ecuador y fondos en pesos chilenos).
Aunque el magistrado intentó defenderse argumentando que los ingresos provenían de actividades académicas y arriendos, la Contraloría determinó que los documentos presentados no eran suficientes. Además, el informe revela dos datos que llaman poderosamente la atención:
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Crecimiento económico: Su patrimonio creció en más de 302 mil dólares en los últimos cinco años, impulsado principalmente por la compra de una propiedad valorada en 380 mil dólares.
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Omisiones: El juez “olvidó” declarar una cuenta en el Banco Internacional abierta en 2001 y registró de manera incorrecta una bodega en Quito.
El caso de José Luis Terán: Tarjetas ocultas y propiedades subvaloradas
La situación del juez Terán es igualmente compleja. El examen especial determinó que tiene más de 70 mil dólares sin justificación clara. La Contraloría detectó que el magistrado usó dinero en efectivo para pagar altas cuotas de tarjetas de crédito y préstamos, pero no demostró de dónde salieron esos fondos.
Entre las irregularidades más destacadas de su expediente están:
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Cuentas y tarjetas fantasma: Omitió declarar varias cuentas bancarias y cuatro tarjetas de crédito a su nombre y de su esposa.
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Avalúos a la baja: Reportó 15 bienes inmuebles, pero en 12 de ellos declaró un valor comercial inferior al que consta en el catastro municipal (algo prohibido por la ley).
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El detalle irónico: Terán no declaró los derechos de propiedad intelectual de un libro de su autoría publicado en 2023. ¿El título de la obra? “El delito de lavado de activos”.
Con la documentación ya en manos de la justicia, será el turno de la Fiscalía determinar si estas inconsistencias administrativas configuran un delito penal.
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