Gobierno decreta nuevo toque de queda en nueve provincias desde el 3 de mayo
Ecuador.- El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la implementación de un nuevo toque de queda a escala nacional en zonas focalizadas, a través del Decreto Ejecutivo No. 370 firmado este 28 de abril de 2026. La medida regirá desde el 3 hasta el 18 de mayo, como parte de la estrategia para contener la violencia y debilitar a estructuras del crimen organizado.
La restricción de movilidad se cumplirá todos los días entre las 23:00 y las 05:00, en nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. También se aplicará en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).
Circulación limitada y control reforzado
El decreto establece un esquema de excepciones más restringido en comparación con anteriores estados de excepción. Únicamente podrán movilizarse durante el horario de restricción el personal de salud —tanto público como privado— y los integrantes de la fuerza pública, incluidos militares, policías, organismos de seguridad y equipos de respuesta ante emergencias.
Según el Ejecutivo, los controles se ejecutarán bajo criterios de proporcionalidad, permitiendo la circulación solo en casos debidamente justificados, principalmente por emergencias.
El Gobierno resolvió no ampliar las excepciones a otros sectores, pese a pedidos del ámbito productivo, con el argumento de evitar la dispersión de recursos y concentrar los operativos en seguridad.
Sustento en cifras de violencia
De acuerdo con el contenido del decreto, el 84,97% de los hechos violentos en zonas consideradas críticas se registra entre las 23:00 y las 03:59. Este patrón, según el análisis oficial, es aprovechado por organizaciones delictivas para ejecutar asesinatos, movilizar armamento y coordinar actividades ilícitas.
En el marco del estado de excepción vigente, también se mantienen facultades extraordinarias para la fuerza pública, como la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en casos donde existan indicios de actividades criminales o almacenamiento de armas y sustancias ilegales.
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