Alarma nacional: 30% de los enfermos con tuberculosis están en las cárceles
Ecuador.- El sistema penitenciario ecuatoriano enfrenta una emergencia sanitaria que ha encendido las alarmas de las organizaciones de derechos humanos y especialistas médicos.
En una reciente entrevista concedida a Radio Pichincha, Clara Freile, vocera oficial del Observatorio Social de Tuberculosis del Ecuador, reveló cifras alarmantes sobre la situación en las cárceles, denunciando además una preocupante falta de transparencia en los reportes emitidos por el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).
La experta detalló los resultados de una reciente investigación impulsada por el Comité de Familiares de las Personas Privadas de la Libertad y diversas agrupaciones sociales, donde se expone la verdadera magnitud de la crisis.
De acuerdo con los datos recabados, se estima que solo durante el 2025 se registraron 560 fallecimientos a causa de la tuberculosis dentro de los recintos carcelarios. La vocera alertó que la situación es particularmente crítica en la Penitenciaría del Litoral, donde el promedio de muertes por esta enfermedad alcanza las 30 personas mensuales.
Freile aseguró que de cada tres personas diagnosticadas con tuberculosis a nivel nacional, una es una persona privada de libertad (PPL), lo que representa el 30,5% de toda la población carcelaria afectada por este bacilo.
Frente a esta realidad documentada por las organizaciones, el Observatorio Social ha cuestionado duramente la respuesta oficial del Estado ecuatoriano ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la entrevista, Freile señaló que, si bien los informes gubernamentales mencionan mejoras en infraestructura, realización de traslados y aplicación de pruebas de detección, omiten de manera sistemática informar la cantidad exacta de reclusos que han dado positivo para la enfermedad y, más grave aún, si estos pacientes están recibiendo el tratamiento médico completo e ininterrumpido que requieren para su recuperación, evidenciando una grave vulneración al derecho a la salud de esta población vulnerable.
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