Contraloría destruirá archivos estatales secretos en 30 días tras polémica aprobación legislativa
Ecuador.- La Asamblea Nacional aprobó el 9 de junio de 2026 una disposición legal que otorga a la Contraloría General del Estado la facultad de destruir de manera definitiva archivos confidenciales y secretos en un plazo máximo de 30 días, acción que se ejecutará inmediatamente después de la conclusión de las respectivas auditorías institucionales.
La medida legislativa obtuvo luz verde con 87 votos afirmativos provenientes de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y legisladores independientes. Las agrupaciones Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik rechazaron en el pleno la inclusión de esta normativa, insertada sorpresivamente a través del artículo 20 de la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales.
El mandato establece la eliminación física y el borrado digital seguro de toda documentación catalogada como reservada, secreta o secretísima, una vez que los informes de control se encuentren ejecutoriados. La legislación actual dictamina que este tipo de información pierde su estado de reserva en un periodo de cinco a 15 años posteriores a su emisión. Con la entrada en vigencia de este articulado, el margen se reduce a un mes, bloqueando futuras revisiones de los expedientes. La normativa contempla una única excepción para aquellos documentos vinculados directamente a juicios pendientes, investigaciones penales en curso o responsabilidades no prescritas.
La concentración de información bajo esta clasificación representa un volumen considerable dentro del aparataje estatal. Cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo evidencian que, durante el año 2024, la Función Ejecutiva catalogó 1.417 documentos bajo el sello de reserva. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y el Ministerio de Defensa Nacional figuraron como las entidades que más expedientes aseguraron bajo este máximo nivel de confidencialidad.
Frente a la decisión adoptada en el legislativo, diversas organizaciones civiles levantaron alertas por el impacto directo en la fiscalización pública. Transparencia Internacional Ecuador y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo exigieron formalmente al Gobierno Nacional el veto de esta disposición. Ambas organizaciones argumentan que la eliminación expedita de los expedientes de control vulnera el derecho ciudadano al acceso a la información pública y debilita severamente los mecanismos de rendición de cuentas del Estado.
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