Waoranis de Pastaza mantienen su rechazo a la explotación petrolera en sus territorios ancestrale
Pastaza.- La nacionalidad Waorani de Pastaza reafirmó su oposición a la explotación petrolera en sus territorios ancestrales y advirtió que no permitirá el desarrollo de nuevos proyectos extractivos sin que se respete su derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. El pronunciamiento se produce en medio de un nuevo proceso de licitación impulsado por el Estado sobre el denominado Bloque 22, ubicado en la Amazonía ecuatoriana.
Los dirigentes indígenas sostienen que el Estado no ha cumplido con los estándares constitucionales e internacionales para consultar a las comunidades antes de promover actividades de exploración o explotación de hidrocarburos. Por ello, insistieron en que cualquier decisión sobre sus territorios debe contar con la participación y aprobación de las comunidades afectadas.
La postura de los waoranis se respalda en antecedentes judiciales. En 2019, la justicia ecuatoriana ratificó un fallo que dejó sin efecto el proceso de consulta realizado en 2012 y prohibió la licitación, exploración y explotación petrolera en 180.000 hectáreas del Bloque 22, al determinar que se vulneró el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada. Posteriormente, la Corte Constitucional confirmó esa decisión y ordenó avanzar en una legislación sobre consulta previa para pueblos indígenas.
En los primeros días de julio de 2026, comunidades waoranis realizaron una asamblea en la comunidad de Daipare, en Pastaza, para documentar los posibles impactos de una nueva licitación petrolera y entregar información a la Defensoría del Pueblo dentro de una investigación sobre presuntas vulneraciones a sus derechos colectivos. Los líderes indígenas sostienen que el territorio no puede ser incluido en procesos extractivos sin su consentimiento.
Las comunidades reiteraron que su prioridad es proteger la selva, las fuentes de agua y su forma de vida. Además, insistieron en que cualquier política relacionada con la explotación de recursos naturales debe respetar las garantías constitucionales y los derechos colectivos reconocidos a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.
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