Machala.- Casi 12 horas después del atentado con explosivos que afectó a la Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Machala, el Consejo de la Judicatura (CJ) condenó enérgicamente el ataque, confirmó que no hubo personas heridas ni fallecidas y anunció medidas para garantizar la continuidad del servicio judicial y la seguridad del personal.
A través de un comunicado difundido la mañana de este lunes 27 de julio, la institución informó que los daños ocasionados por la detonación fueron únicamente materiales y afectaron la infraestructura de la dependencia judicial, inaugurada hace pocas semanas.
Como medida preventiva, el Consejo de la Judicatura dispuso que los servidores judiciales laboren bajo la modalidad de teletrabajo mientras se evalúan las condiciones de seguridad del edificio. Además, la Dirección Provincial del CJ en El Oro coordinó acciones con la Gobernación y exhortó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado a reforzar la protección de la dependencia y acelerar las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.
El atentado ocurrió pasadas las 21:00 del domingo 26 de julio, en la Unidad Judicial ubicada en las calles Ayacucho, entre 25 de Junio y Sucre, en el centro de Machala. Según información preliminar, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta arrojaron un artefacto explosivo contra la fachada del inmueble de cuatro pisos, provocando una fuerte detonación que destruyó ventanales y parte de la estructura frontal. Los restos de vidrios y otros materiales quedaron esparcidos sobre la calzada.
Durante las pericias, personal de Criminalística levantó varios panfletos con amenazas dirigidas a tres jueces, en los que se exigía la liberación de un ciudadano que permanece privado de libertad por un presunto delito. Dichos elementos forman parte de las evidencias que analiza la Fiscalía dentro de la investigación.
En su pronunciamiento, el Consejo de la Judicatura rechazó cualquier acto que pretenda intimidar o interferir en la administración de justicia, al señalar que la violencia contra las unidades judiciales afecta el acceso de la ciudadanía a este servicio. Asimismo, reiteró su compromiso de continuar enfrentando la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado desde el ámbito de sus competencias.
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