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Fiscalía exige sentencia condenatoria contra Jorge Yunda por peculado en la compra de pruebas PCR

Redacción
agosto 12, 2026 2 Min Read
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Ecuador.- La Fiscalía General del Estado solicitó formalmente el martes 11 de agosto a la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que dicte una sentencia condenatoria contra el exalcalde Jorge Yunda y otros trece procesados. El requerimiento judicial se enmarca en la investigación por el presunto delito de peculado originado en la adquisición de insumos médicos, buscando anular el fallo absolutorio emitido previamente a favor del exfuncionario capitalino.

Durante la reinstalación de la audiencia de apelación, la parte acusadora concluyó su intervención exigiendo la revocatoria total de la decisión de primera instancia. Para sustentar esta solicitud, la institución argumentó su postura basándose en los mismos elementos probatorios expuestos durante el juicio original, con el objetivo de demostrar el supuesto perjuicio económico ocasionado al Estado dentro del denominado caso “Pruebas PCR”.

Tras la exposición de los alegatos del Ministerio Público, los magistrados a cargo del proceso dispusieron una nueva suspensión de la diligencia judicial. Esta pausa procesal servirá para establecer una fecha y hora de reinstalación, permitiendo que el cronograma avance con la intervención técnica de los nueve equipos jurídicos que representan a los demás implicados, quienes deberán refutar las acusaciones fiscales.

Frente al desarrollo de esta etapa procesal, el exburgomaestre se pronunció a través de sus canales digitales para cuestionar duramente la agilidad de la Función Judicial. Yunda detalló que el expediente acumula más de cinco años de trámite y registra tres paralizaciones solo durante el presente periodo. El exfuncionario aseguró de manera categórica que no existen nuevas evidencias en su contra para revertir su estado de inocencia.

El recurso interpuesto por la Fiscalía busca echar abajo la resolución adoptada el 22 de septiembre de 2025, cuando un tribunal de garantías penales dictaminó por unanimidad que no existían pruebas suficientes para configurar el ilícito. En ese dictamen previo, la autoridad judicial concluyó que no se comprobó un daño económico a las arcas municipales ni se certificó técnica o administrativamente que los insumos tipo RT-LAMP tuvieran menor calidad que las pruebas PCR requeridas al inicio, desestimando la tesis del perjuicio estatal.

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