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Caso Triple A: Aquiles Álvarez recibe seis años y nueve meses de prisión

Redacción
agosto 29, 2026 2 Min Read
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Ecuador.- El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sentenciado este sábado 29 de agosto a seis años y nueve meses de prisión como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos, dentro del caso Triple A. El Tribunal de Garantías Penales también le impuso una multa equivalente a 12 salarios básicos unificados (SBU).

La sentencia fue anunciada durante la lectura de la resolución contra las personas naturales y jurídicas procesadas en esta causa. Inicialmente se informó que Álvarez había recibido una pena de seis años y ocho meses, pero la Fiscalía precisó posteriormente que la condena corresponde a seis años y nueve meses.

Antes de individualizar las penas, el Tribunal determinó que existía certeza sobre la comisión del delito investigado. En el caso de Álvarez, los jueces establecieron una participación directa debido al control que mantenía sobre las compañías Copedesa, Corpalubri y Ternape, donde ejerció funciones como representante legal, presidente y accionista mayoritario.

Según la resolución, los testimonios y documentos presentados durante el juicio permitieron establecer que Álvarez conocía el funcionamiento de las empresas y tenía injerencia en sus operaciones. El juez ponente, Jorge Sánchez, sostuvo que el alcalde no cumplía únicamente funciones administrativas, sino que organizaba y dirigía operaciones relacionadas con la comercialización irregular de combustibles.

El Tribunal también señaló que parte de los recursos derivados de las operaciones investigadas llegó a cuentas personales de Álvarez, elemento que fue considerado como evidencia del beneficio económico obtenido.

Además, Raúl Z., Juan A. y Edgar F. fueron declarados responsables como autores directos del delito investigado. Los jueces también determinaron la responsabilidad de otras cinco personas naturales y de las personas jurídicas procesadas dentro del caso.

El caso Triple A investiga un esquema de comercialización de combustibles conocido como “cambiazo”, mediante el cual productos destinados a determinados segmentos habrían sido desviados hacia otros mercados. Durante el proceso, las partes acusadoras sostuvieron que las operaciones investigadas ocasionaron un perjuicio superior a USD 61 millones al Estado ecuatoriano.

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