Conexión Informativa
  • Inicio
  • NOTICIAS
    • Nacionales
    • Locales
    • Cantonales
    • Internacionales
  • OPINIÓN
  • EDITORIAL
  • DEPORTES
  • SUCESOS
  • ELECCIONES 2026
  • MUNDIAL 2026
NacionalesNoticias

Asamblea fiscaliza patrimonio de 224 alcaldes y 23 prefectos

Redacción
septiembre 21, 2026 2 Min Read
69 0

Ecuador.- La Asamblea Nacional abrió una investigación sobre los incrementos patrimoniales de 224 alcaldes y 23 prefectos del país, con información de la Contraloría, el SRI, la Fiscalía y las superintendencias para determinar si las variaciones declaradas tienen una justificación legal. La fiscalización fue aprobada por el Pleno el 23 de junio de 2026, con 85 votos a favor, y está a cargo de la Comisión de Gobiernos Autónomos.

El proceso surgió luego de que una investigación periodística identificara 79 autoridades locales con aumentos importantes en sus declaraciones patrimoniales durante la actual administración. Los registros revisados incluyen bienes, terrenos, vehículos, inversiones y otros activos. Uno de los casos señalados corresponde al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, cuyo patrimonio declarado pasó de aproximadamente USD 1,44 millones en 2023 a USD 4,31 millones en 2024.

Estos incrementos patrimoniales no constituyen, por sí mismos, una infracción o delito. La Comisión busca contrastar las variaciones con los ingresos declarados, actividades económicas, empresas, inversiones y otras fuentes legales de recursos que puedan explicar el crecimiento del patrimonio de cada autoridad.

La investigación fue impulsada por el legislador Fernando Jaramillo, de ADN, y contempló inicialmente un plazo de 90 días para que la Comisión presente al Pleno un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones. Legisladores de la Revolución Ciudadana se opusieron a la resolución y cuestionaron que la fiscalización pudiera enfocarse en autoridades de sectores políticos opositores antes de las elecciones seccionales.

La asambleísta Nathaly Farinango, también de ADN, explicó que la revisión no consiste únicamente en comparar el salario de una autoridad con el aumento de sus bienes. La Comisión ha solicitado información al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Contraloría General del Estado y Fiscalía General del Estado, con el propósito de identificar otras actividades económicas que permitan explicar las variaciones detectadas.

Farinango señaló que, si una autoridad sostiene que parte de sus ingresos proviene de empresas u otras actividades privadas, esa información deberá ser comprobada con los registros correspondientes. Si los datos no coinciden o no permiten justificar el incremento, la documentación podría ser remitida a la Fiscalía. La asambleísta recalcó que cualquier eventual responsabilidad deberá establecerse mediante el debido proceso y respetando el derecho a la defensa.

El informe de la Comisión también podría ser enviado a la Contraloría y a la Fiscalía, instituciones que deberán determinar, dentro de sus respectivas competencias, si corresponde iniciar nuevas actuaciones. La Asamblea, en este proceso, ejerce control político y no determina responsabilidades penales.

La fiscalización también busca revisar la capacidad de los organismos de control para detectar oportunamente posibles variaciones patrimoniales injustificadas. Los funcionarios públicos están obligados a presentar declaraciones patrimoniales juradas, por lo que uno de los puntos bajo análisis será la coordinación entre la Contraloría y la Fiscalía cuando de una revisión surjan posibles indicios de irregularidades.

Share Article

Redacción

Previous Post

150 industrias se desconectarán un día a la semana para ahorrar energía

Next Post

Inamhi prevé temperaturas de hasta 35 °C y radiación UV extrema para este 21 de septiembre

No Comment! Be the first one.

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

All Right Reserved!