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Militares inhabilitan bocaminas y destruyen material aurífero en Ponce Enríquez

Redacción
septiembre 23, 2026 2 Min Read
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Azuay.- Las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación contra la presunta minería ilegal en los sectores Carmen de Pijilí y Rosa de Oro, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, donde el operativo dejó tres bocaminas inhabilitadas, 113 sacos de material aurífero destruidos y dos campamentos incinerados, según los resultados reportados tras la intervención del personal militar.

La operación se desarrolló, luego de información de inteligencia que alertó sobre actividades relacionadas con la extracción ilegal de material mineralizado en esta zona de la provincia del Azuay. Durante la intervención, los uniformados localizaron infraestructura y material presuntamente destinado a sostener las labores extractivas.

Los resultados conocidos de la intervención establecen que fueron tres bocaminas las que quedaron inhabilitadas, mientras que 113 sacos de material aurífero fueron destruidos. Además, se identificaron dos campamentos con capacidad para aproximadamente 10 personas cada uno, los cuales fueron incinerados durante el operativo.

La información permite precisar las cifras difundidas sobre este procedimiento: el resultado reportado para Carmen de Pijilí y Rosa de Oro corresponde a 113 sacos y tres bocaminas, y no a 300 sacos, una bocamina y un campamento con capacidad para 20 personas. Esos datos corresponden a una intervención diferente reportada por el Ejército en otros operativos contra la minería ilegal.

Camilo Ponce Enríquez registra antecedentes de operaciones militares contra actividades extractivas no autorizadas. El 7 de mayo de 2026, por ejemplo, el Ejército informó sobre otra intervención en el sector Muyuyacu, donde fueron inhabilitadas seis bocaminas y destruidos 73 bultos de material aurífero, además de campamentos y equipos utilizados para la extracción.

Las operaciones forman parte de las acciones de control desplegadas en sectores donde se detectan actividades de minería ilegal. En el caso de Carmen de Pijilí y Rosa de Oro, la intervención del 16 de septiembre permitió afectar infraestructura, material e instalaciones utilizadas para la presunta extracción ilegal de recursos minerales.

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