Ecuador.- Con 83 votos a favor, 59 en contra y dos abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto unificado de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
El texto fija un límite de 90 días continuos de ausencia temporal para autoridades como alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales rurales. Vencido ese plazo, la ausencia se convertirá en definitiva y se aplicarán las reglas de reemplazo previstas en el Código.
Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deberán evaluar las obras paralizadas o inconclusas, incluidas las heredadas de administraciones anteriores. Cada seis meses, sus autoridades deberán informar a los órganos de fiscalización sobre el estado de esas obras, las causas de la paralización y las medidas adoptadas. Esa información deberá estar disponible en el portal institucional.
«Fiscalizar el presupuesto es verificar que los recursos lleguen a las obras y servicios para los que fueron asignados. Si una obra queda a medias, la ciudadanía debe poder saber cuánto se pagó, por qué se paralizó y qué decisión tomó la autoridad», planteó el asambleísta Jimmy Blacio.
El proyecto incorpora una causal de remoción cuando se compruebe que una autoridad tenía las competencias y las condiciones jurídicas, técnicas y presupuestarias para actuar, y que su incumplimiento injustificado afectó gravemente un servicio público o causó un perjuicio económico comprobado.
En materia presupuestaria, las prefecturas y los municipios podrán contabilizar dentro de su asignación mínima prioritaria los proyectos de prevención de la violencia y seguridad ciudadana que estén planificados, presupuestados y cuenten con indicadores verificables. Los gastos administrativos ordinarios y los sueldos del personal permanente quedan excluidos de ese cálculo.
En contratación pública, el texto establece que al menos el 80 % de los servicios contratados y de la mano de obra empleada provenga de la respectiva circunscripción, salvo justificación técnica. Además, precisa cómo deben coordinar prefecturas y municipios cuando una vía provincial atraviesa un tramo urbano, regula la coordinación para instalar infraestructura de telecomunicaciones e incorpora trámites y servicios públicos digitales en los GAD.
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