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Ley de Solidaridad endurece penas contra el crimen organizado y restituye tabla de consumo de drogas

Redacción
junio 9, 2025 2 Min Read
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Ecuador.- La Ley de Solidaridad Nacional endurece el combate al crimen organizado en Ecuador con nuevas tipificaciones penales, penas más severas y reformas en los procesos judiciales. La normativa, recientemente aprobada, establece sanciones de hasta 30 años de prisión para los cabecillas y financistas de organizaciones criminales, y hasta 26 años para integrantes y colaboradores, incluso si su participación fue esporádica.

Uno de los cambios clave es la creación del delito de pertenencia a grupos armados organizados en el marco del conflicto armado interno, con castigos que van de 10 a 26 años. Se amplían además los delitos conexos, incluyendo lavado de activos, tráfico de armas, minería ilegal, trata de personas, extorsión y reclutamiento de menores.

La ley extiende la detención en flagrancia de 24 a 72 horas en casos vinculados al crimen organizado, y establece la prisión preventiva obligatoria, eliminando cualquier posibilidad de medidas sustitutivas. También exige que jueces y fiscales especializados en crimen organizado y corrupción conozcan estos procesos.

Además, se incrementan las penas por delitos relacionados con combustibles: el almacenamiento, transporte o distribución ilegal podrá sancionarse con hasta 13 años, y con 16 años si ocurre en zonas fronterizas o marítimas. Los servidores públicos involucrados en estas actividades también enfrentarán penas de hasta 13 años.

En materia de drogas, se restituye la tabla de consumo, ahora llamada “parámetros referenciales”, para diferenciar entre consumidores y microtraficantes. Esta será definida por el Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.

La nueva ley también prohíbe que sentenciados por delitos del conflicto armado accedan a regímenes penitenciarios abiertos o semiabiertos si no han cumplido con la reparación económica total a las víctimas. Por último, las armas incautadas a grupos armados pasarán al uso de la Policía o las Fuerzas Armadas, tras autorización judicial, mediante un nuevo procedimiento que las declara bienes del Estado.

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