Organizaciones sociales anuncian acciones legales contra la llamada “Ley de Fundaciones”
Ecuador.- Diversas organizaciones sociales y no gubernamentales del país anunciaron que continuarán en resistencia y presentarán recursos legales en contra del proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, conocida popularmente como la “Ley de Fundaciones”. La normativa fue enviada por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica y ha sido recibida con recelo por colectivos críticos de la gestión del presidente Daniel Noboa.
Entre las organizaciones que han expresado su rechazo se encuentran el Frente Nacional Antiminero, el colectivo CDH-Guayaquil y la Unión Nacional de Educadores (UNE), quienes cuestionan el trasfondo político de la ley. Erika Escorza, abogada e integrante del Frente Nacional Antiminero, advirtió que el proyecto genera desconfianza y vulnera el derecho a la organización y la protesta social.
“Vamos a presentar, como lo hicimos con leyes anteriores, un recurso ante la Corte Constitucional. Nos encontramos en alerta máxima, lo que se quiere es deslegitimar la lucha”, declaró Escorza desde la provincia de Pastaza.
Uno de los principales cuestionamientos es que esta normativa parte de la validez del actual Estado de Excepción, cuya constitucionalidad fue objetada parcialmente por la Corte Constitucional. Para las organizaciones, este hecho pone en duda la legitimidad del trámite urgente que dio origen al proyecto.
El Frente Nacional Antiminero ha liderado procesos de oposición a proyectos extractivos en territorios como Las Naves y Echeandía (Bolívar), y Palo Quemado (Cotopaxi). Según su vocero, Luis Jacobo Corral, su financiamiento proviene de las mismas comunidades, con mínimos aportes del exterior. “Nuestra lucha es autónoma, desde y para los territorios”, sostuvo.
La académica y exactivista de derechos humanos, Natalia Sierra, también cuestionó la ley desde su aplicación práctica. “El problema es cómo se aplicará. Hay una desconfianza total en la justicia. El Gobierno quiere imponer una visión donde todo se criminaliza”, señaló.
Desde el colectivo CDH-Guayaquil, Fernando Bastias denunció en la red X que el presidente Noboa actúa con autoritarismo: “Está comportándose como un dictador, tal como él mismo criticó en el pasado”.
Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, coincidió en que el objetivo de la ley es desarticular a las organizaciones sociales. “El Gobierno apunta a desactivar a quienes históricamente han cuestionado su poder”, declaró.
A pesar del escenario adverso, los colectivos ratificaron que no cesarán su labor. “Frente a tantas injusticias, el silencio no es una opción”, concluyó Escorza.
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