¿Podrán disolver organizaciones que protesten contra el Gobierno? Nueva Ley de Noboa desata alerta en Ecuador
Ecuador.- El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley urgente en materia económica que ha generado controversia en diversos sectores sociales. Se trata de la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, remitida el 29 de julio de 2025, que introduce reformas legales que podrían derivar en la disolución de organizaciones sociales que participen en movilizaciones contra el Gobierno.
Aunque el Ejecutivo argumenta que la norma busca combatir las economías ilícitas y garantizar la transparencia financiera, la propuesta incluye reformas al artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, ampliando las causales de disolución de organizaciones. Entre ellas: participar en actividades ilícitas, afectar el orden público o la seguridad del Estado, ocultar información financiera, negarse a rendir cuentas, o realizar actividades distintas a las autorizadas cuando estas pongan en riesgo el interés público.
La asambleísta oficialista Valentina Centeno afirmó que el proyecto busca frenar el financiamiento de grupos delincuenciales, minería ilegal y movilizaciones violentas, pero diversos actores consideran que la norma abre la puerta a la persecución política. Andrés Quishpe, de la Unión Nacional de Educadores, advirtió que podrían usar requisitos financieros como excusa para quitar personerías jurídicas a organizaciones críticas. “No es solo un control económico, sino político”, sostuvo.
Desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Fernando Bastias cuestionó que las causales sean “subjetivas”, y alertó sobre el riesgo de interpretar protestas como alteración del orden público, justificando así su disolución. La preocupación principal radica en que, bajo este esquema, una organización podría ser sancionada por movilizarse o simplemente por no convencer a las autoridades con sus reportes financieros.
El control de estas entidades recaerá en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), que hasta ahora se encargaba de regular el sistema financiero popular y solidario, no organizaciones sociales o de derechos humanos. Esta entidad podrá auditar, supervisar, intervenir y sancionar a fundaciones, ONGs y corporaciones que operen en Ecuador.
Aunque el proyecto incluye una disposición que prohíbe su uso con fines de persecución política, para el Observatorio de Clima y Finanzas, el diseño normativo habilita una intervención estatal discrecional. “La lucha contra el lavado de activos no puede justificar una ley que comprometa la libertad de asociación y la participación ciudadana”, señaló el organismo.
En Ecuador existen más de 71.000 organizaciones sociales registradas en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), de las cuales más de 61.000 están vigentes, especialmente en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. Todas ellas quedarían sujetas al nuevo régimen de vigilancia y sanción, si la ley es aprobada por la Asamblea Nacional.
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