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Organizaciones sociales alertan sobre intento de “control político” en nueva ley de Noboa

Redacción
agosto 5, 2025 4 Min Read
11 0

Ecuador.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea Nacional el cuarto proyecto urgente en materia económica, el martes 29 de julio de 2025.

Este es el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, que el mandatario señaló que tendrá mecanismos de control a las fundaciones u organizaciones que buscan “desestabilizar” al país.

Mientras que la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, indicó que este proyecto de Ley servirá para golpear las economías criminales y los flujos irregulares de capital, que en muchos casos utilizan a las fundaciones para financiar grupos de delincuencia organizada, minería ilegal o para “financiar paralizaciones o movilizaciones violentas en contra del Gobierno y del Estado”.

Pero ¿qué dice la Ley?

Según el proyecto de Ley, algunas organizaciones de la sociedad civil tienen directa o indirectamente exposición con flujos irregulares de capitales, que representan una amenaza a la estabilidad económica y fiscal del país, afectando la “equidad financiera” del Ecuador.

Si bien se señala que este proyecto promoverá la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario de sociedades, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones comunitarias y otras entidades sin fines de lucro. También se establecen los castigos que pueden afrontar estas entidades. Y uno de los más graves es su disolución.

El proyecto plantea reformar el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, sobre las causales de disolución de las organizaciones sociales. Así, se plantea que las organizaciones sociales podrán ser disueltas:

  • Por decisión voluntaria de sus miembros o por la finalización del plazo de duración establecido en sus estatutos.
  • Por incurrir en actividades ilícitas debidamente comprobadas, incluidas, pero no limitadas a, el lavado de activos, el tráfico de armas, drogas o personas, minería ilegal o “cualquier actividad que atente contra los derechos fundamentales de las personas, el orden público o la seguridad del Estado”.
  • Por incumplimiento comprobado de las obligaciones previstas en la Constitución, la ley, los estatutos y las normas específicas que regulan la actividad que desarrolla la organización.

Además, se indica que se considerará incumplimiento grave, cuando la organización:

  • Oculte o manipule información financiera o patrimonial que deba ser reportada a las autoridades competentes.
  • Se niegue injustificadamente a rendir cuentas a sus miembros o a las entidades de control cuando así lo exijan la ley.
  • Ejerza actividades distintas a las autorizadas, cuando estas “pongan en riesgo el interés público, la seguridad, la salud o los derechos de las personas”.

Es decir, ¿si una organización social participa en una protesta en la que se “atente” contra el orden público, paralizando por ejemplo el tránsito, podría ser disuelta?

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, indicó que el objetivo del proyecto de Ley no es solo para el control de flujo de capitales, sino buscar el control político de las organizaciones sociales que disientan y enfrenten a este Gobierno.

“Las causales de disolución están sujetas a los pedidos de información que te hacen. Te pueden decir, ¿de dónde sacó para las banderas de su marcha? Y si no les convence la auditoría que te hacen, te quitan la personería jurídica. Es claro que, a lo que apuntan, es a desactivar, es a ilegalizar a varias organizaciones sociales”.

Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Ecuador (CDH), señaló que es algo muy “subjetivo” sancionar a organizaciones por alterar el orden público o la seguridad del Estado. “Debería haber causales concretas”,indicó.

¿Quién controlará a las organizaciones?

Según el proyecto de Ley, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) ejercerá́ la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones, fundaciones, corporaciones, o entidades sin fin de lucro, que operan en el territorio nacional.

Para ello, se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros y el nuevo proyecto de Ley.

Aquí, en el artículo 5, del régimen sancionatorio, se menciona que constituirán infracciones de las ONG, bajo supervisión de la SEPS, sujetas a sanción:

  • El uso indebido o desvío de los recursos económicos respecto a sus fines declarados o a disposiciones legales.
  • El incumplimiento reiterado de las normas contables, de transparencia o de prevención de lavado de activos.
  • La obstaculización a la labor de control de la SEPS, entre otras que establezca la ley.

El Observatorio de Clima y Finanzas indicó que la SEPS fue creada para regular entidades del sistema financiero popular, no organizaciones que trabajan en derechos humanos, ambiente o salud comunitaria.

“Aunque el proyecto menciona que estas medidas no serán usadas para persecución política (Disposición General Única), el diseño legal habilita el uso discrecional del aparato estatal contra organizaciones incómodas al poder”,indicó el observatorio. “La lucha contra el lavado de activos no puede justificar una Ley que compromete la libertad de asociación y la participación ciudadana”.

¿Cuántas organizaciones hay en Ecuador?

En el país hay el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (Suios) que recopila, procesa y difunde información sobre las organizaciones sociales.

Para enero del 2024, el centro de investigación y acción independiente “Grupo Faro”, identificó 71.786 organizaciones sociales en el Suios, de las cuales 61.025 se consideran vigentes (el 85%), concentrándose la mayor cantidad de éstas en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí.

Fuente: Radio Pichincha

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