El Gobierno pide a la Corte Constitucional desalojo del edificio, pero revoca la solicitud al día siguiente
Este martes 19 de agosto de 2025, el Ministerio de Energía notificó la terminación del Convenio de cooperación institucional a la Corte Constitucional, sobre la utilización de sus oficinas.
Estas oficinas se encuentran en el edificio Tamagar, en las calles Tamayo y Lizardo García, al norte de Quito, y son utilizadas por los funcionarios de la Corte, desde 2019.
En el oficio No. MEM-COGEAF-2025-0190-OF, el ministerio otorgó el plazo improrrogable de un mes para que los jueces de la Corte Constitucional desalojen el inmueble.
Sin embargo, este miércoles 20 de agosto, el ministerio de Energía se retractó y envió otro oficio a la Corte Constitucional, dejando insubsistente la disposición inicial de desalojo.
Estos hechos ocurren una semana antes de que inicien las audiencias de inconstitucionales a las leyes de Solidaridad, Integridad Pública e Inteligencia.
Acecho a la Corte
El 4 de agosto de 2025, la Corte Constitucional dispuso la suspensión provisional de la disposición transitoria décimo primera de la Ley Orgánica de Integridad Pública y suspendió provisionalmente cuatro artículos de la Ley Orgánica de Solidaridad.
También suspendió 12 artículos de la Ley de Inteligencia y ocho artículos de su reglamento.
Estas suspensiones ocurrieron después de que organizaciones sociales, de derechos humanos y de trabajadores colocaran más de 30 demandas de inconstitucionalidad contra estas tres leyes.
Esto despertó la furia del presidente de la República, Daniel Noboa, quien realizó una marcha hacia la Corte Constitucional, el martes 12 de agosto, para exigirle al organismo que quite la suspensión contra los artículos.
Además, funcionarios públicos han criticado ferozmente a los jueces y a la Corte Constitucional en las últimas semanas, para que aprueben las tres leyes.
Fuente: Radio Pichincha
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