Caso Las Malvinas: suspenden por quinta vez la audiencia preparatoria de juicio en Guayaquil
Ecuador.- Por quinta ocasión consecutiva, la audiencia preparatoria de juicio por el caso Las Malvinas fue suspendida este jueves en Guayaquil. En el proceso están involucrados 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), procesados por el presunto delito de desaparición forzada, en relación con la detención ilegal y posterior hallazgo calcinado de cuatro adolescentes: Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años.
Los cuerpos de los menores fueron encontrados el 24 de diciembre de 2024 en la zona de Taura, cantón Naranjal, días después de que se reportara su desaparición en el sector del barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil.
Dilaciones y acusaciones de maniobras procesales
La audiencia se desarrolló durante más de cuatro horas, centrada principalmente en alegaciones de nulidad procesal y cuestionamientos a la competencia del juez Dennis Ugalde, quien debía resolver si existen suficientes elementos para llamar a juicio a los uniformados.
La defensa presentó múltiples objeciones, entre ellas un presunto certificado médico falso presentado por el abogado Henry M. para justificar su inasistencia. Este documento fue desestimado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo que levantó sospechas sobre una posible falsificación.
Adicionalmente, dos de los procesados rechazaron ser representados por la Defensoría Pública. Al no contar con defensa técnica, el juez asignó abogados presentes en la sala, quienes sin embargo admitieron no estar preparados para asumir el caso, lo que obligó a suspender nuevamente la diligencia.
“Considero que se está incurriendo en maniobras dilatorias tendientes a evitar el avance del proceso”, advirtió el magistrado Ugalde, quien anunció que remitirá los antecedentes a la Fiscalía para que investigue un posible fraude procesal.
Competencia y nulidades: los ejes de la controversia
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el debate sobre la competencia territorial del juez. La defensa argumentó que, si bien la aprehensión ocurrió en Guayaquil, el asesinato de los menores se consumó en Taura, zona rural del cantón Naranjal. Por ello, sostienen que el caso debería ser conocido por un juez de esa jurisdicción, lo que implicaría la nulidad de lo actuado hasta ahora en Guayaquil.
El juez Ugalde desestimó este argumento, defendiendo su competencia con base en que la privación de libertad —hecho central para el delito de desaparición forzada— ocurrió en el sector Las Malvinas.
También se alegaron vicios de procedimiento relacionados con el ingreso tardío de un coronel en el proceso penal, supuestamente fuera del plazo legal de instrucción fiscal (120 días). Ugalde recordó que dicho plazo es improrrogable y advirtió que cualquier inclusión extemporánea debe ser analizada con detalle jurídico.
Riesgo de caducidad de la prisión preventiva
El fiscal del caso, Cristhian Farez, alertó que los 17 procesados se encuentran detenidos desde el 31 de diciembre de 2024, por lo que ya han transcurrido más de ocho meses de prisión preventiva. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en delitos con penas mayores a cinco años, la prisión preventiva caduca a los 12 meses si no se inicia el juicio.
Para evitar esta situación, el fiscal solicitó un plazo adicional de diez días para completar diligencias pendientes, muchas de ellas solicitadas por la defensa, como la entrega de documentos por parte del Ministerio de Defensa, evaluaciones psicológicas y ampliación de versiones. Este plazo también permitirá que los dos procesados sin defensa técnica puedan reunirse con sus nuevos abogados.
Un proceso marcado por retrasos y recusaciones
El caso Las Malvinas ha enfrentado cinco intentos fallidos de instalación de audiencia desde julio. Los aplazamientos han sido constantes, debido a recusaciones, cuestionamientos de competencia, nulidades procesales y objeciones al debido proceso.
Uno de los abogados, David Veintimilla, presentó una demanda de recusación y una denuncia penal contra el juez Ugalde por presunto prevaricato. Según su argumento, el juez debía excusarse al estar denunciado, lo que fue rechazado por el magistrado.
Cinco militares colaboran con la Fiscalía
Cinco de los 17 militares procesados se acogieron al Programa de Protección de Víctimas y Testigos, admitiendo la existencia del delito y ofreciendo detalles clave sobre los hechos. Con ello, buscan una reducción de pena a dos años, frente a las penas de hasta 26 años que contempla el COIP para la desaparición forzada, delito considerado de lesa humanidad en Ecuador.
Próximos pasos
La audiencia fue diferida sin fecha concreta, pero se espera que sea convocada nuevamente en los próximos días, una vez superados los obstáculos de defensa técnica y diligencias pendientes. La Fiscalía insiste en que el proceso no puede continuar estancado, debido al riesgo inminente de caducidad de medidas cautelares y la gravedad de los hechos investigados.
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