“Medida dura pero necesaria”: ministros defienden fin del subsidio al diésel
Ecuador. – En una entrevista con Radio Novedades de Latacunga, tres ministros del gabinete explicaron este 18 de septiembre de 2025 el alcance de la eliminación del subsidio al diésel, una medida que calificaron como “dura, pero necesaria”. Los funcionarios aseguraron que el cambio no impactará en los precios al consumidor y que los recursos liberados se destinarán a programas sociales y compensaciones para el transporte.
Un gasto que terminó en manos equivocadas
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, recordó que durante cinco décadas el país destinó entre USD 1.100 y 1.400 millones cada año en subsidios a combustibles. Sin embargo, gran parte de ese dinero no benefició a los hogares ecuatorianos, sino al contrabando y a la minería ilegal.
“El Gobierno busca cerrar brechas y redirigir esos recursos al sector social. Esta es la primera vez que se toma una medida dura que no ha causado conmoción en precios”, señaló Rovira. La ministra informó que se han ejecutado más de 4.700 operativos para controlar la especulación en mercados y carreteras, con 19 locales clausurados y 1.800 funcionarios desplegados en territorio.
Alivio para los transportistas
El ministro de Transporte, Roberto Luque, explicó que se implementó un esquema de compensaciones directas para que el pasaje no suba. Los pagos van desde USD 400 hasta USD 700 para buses urbanos y entre USD 1.200 y 1.800 para transporte interprovincial.
Además, el plan incluye zonas seguras de descanso, recarga eléctrica para transporte pesado, incentivos por USD 30 millones y créditos de hasta USD 20.000 para renovar unidades. “Nunca un gobierno había conversado con los transportistas como ahora”, aseguró Luque. Según dijo, ya se han registrado 8.000 choferes y los pagos se realizan en 24 horas a través de BanEcuador y Banco del Pacífico.
Más apoyo social
El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, destacó que el dinero que antes se destinaba al subsidio ahora refuerza el bono de solidaridad. Actualmente, el Estado invierte USD 1.300 millones en este programa y este año 55.000 nuevas familias serán beneficiadas con una inversión de USD 70 millones.
Las familias interesadas pueden registrarse en las ventanillas sociales ubicadas en cada gobernación. El requisito principal es tener un índice de pobreza inferior a 30 sobre 100.
Controles y advertencias
Los ministros coincidieron en que la medida busca “justicia social”. Rovira advirtió que quienes intenten bloquear carreteras o paralizar servicios enfrentarán procesos judiciales con penas de hasta tres años de cárcel.
“El presidente tomó una decisión valiente para llevar los recursos de las mafias a los más necesitados”, concluyó Luque.
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