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Gobierno inicia proceso para suspender licencia ambiental del proyecto Loma Larga

Redacción
septiembre 25, 2025 2 Min Read
28 0

Ecuador.- El Gobierno Nacional ha anunciado que dará inicio a un proceso administrativo para suspender la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, operado por la empresa Dundee Precious Metals, tras revisar los informes entregados por la Prefectura del Azuay y la Alcaldía de Cuenca.

En un comunicado oficial emitido este jueves 25 de septiembre de 2025, se indicó que las autoridades locales deberán responder por la veracidad y rigor técnico de los documentos presentados.

El presidente Daniel Noboa reiteró que la posición de su gobierno es clara e inamovible: proteger las fuentes de agua y respetar las competencias de los distintos niveles de gobierno.

Este pronunciamiento se produjo luego de una reunión convocada por la Gobernación del Azuay y el Ministerio de Ambiente y Energía, en la cual el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, entregaron documentación técnica que justifica la paralización del proyecto minero en la zona de Quimsacocha.

Durante la sesión, Zamora presentó ocho documentos clave, que incluyen estudios de la empresa Etapa, peritajes internacionales, análisis científicos, y el resultado de la consulta popular de 2021, donde la ciudadanía rechazó la minería en zonas de recarga hídrica.

Por su parte, Lloret entregó informes técnicos que, según afirmó, ya habían sido remitidos anteriormente sin que se tomaran medidas concretas respecto a la revocatoria de la licencia ambiental.

La Prefectura del Azuay detalló que, incluso antes de otorgar la licencia ambiental, ya se habían identificado riesgos como la incompatibilidad del proyecto con el ecosistema de páramo en Quimsacocha, lo que lo hace inviable para actividades extractivas.

Además, se advierte que el proyecto compromete la seguridad hídrica, ya que Quimsacocha abastece de agua a Cuenca y otras once localidades. También se alerta sobre el posible impacto en la seguridad alimentaria, debido a la reducción del riego agrícola, y sobre los riesgos para la salud pública por la posible presencia de metales pesados como arsénico y mercurio en las fuentes hídricas.

La reunión también evidenció tensiones políticas. Tanto el prefecto Lloret como el gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, se acusaron mutuamente sobre la responsabilidad en la entrega de concesiones y licencias ambientales. Bermúdez sostuvo que el problema fue heredado, mientras que Lloret señaló que la licencia fue emitida por el Gobierno central.

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