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Reforma para suprimir el Fondo Partidario divide opiniones ante el referéndum del 16 de noviembre

Redacción
noviembre 5, 2025 2 Min Read
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Ecuador.- La propuesta de eliminar el Fondo Partidario Permanente (FPP) genera preocupación entre analistas, que advierten que esta medida podría reducir la equidad política y facilitar el ingreso de dinero ilícito al sistema electoral.

El pasado 7 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución para suprimir el financiamiento público a las organizaciones políticas. Sin embargo, su aplicación dependerá del referéndum del 16 de noviembre, donde los ecuatorianos deberán ratificar o rechazar el cambio constitucional.

Actualmente, el sistema de financiamiento político en Ecuador combina recursos públicos y aportes privados, bajo control del Consejo Nacional Electoral (CNE). El FPP —uno de los tres fondos existentes junto con el de promoción electoral y los aportes privados— se utiliza para capacitación, formación y funcionamiento institucional de los partidos entre elecciones.

Cada año, el 85 % de ese fondo se destina a las organizaciones políticas nacionales y el 15 % al Instituto de la Democracia. Para acceder, los movimientos deben cumplir varios requisitos legales, como obtener al menos 5 % de votos válidos en dos elecciones nacionales consecutivas o mantener representación en la Asamblea Nacional. En promedio, el fondo distribuye cerca de USD 4 millones anuales.

La abogada electoral Erika Rivadeneira advierte que eliminar el financiamiento público sin una reforma estructural del sistema “aumenta los riesgos en lugar de solucionarlos”. Según explicó, el problema de fondo no está en los recursos, sino en la falta de control y fortalecimiento institucional.

“Una democracia sana necesita reglas firmes. Si se retira el financiamiento estatal sin garantizar transparencia en los aportes privados, se abre la puerta al dominio de grupos económicos y a posibles capturas ilegítimas del sistema político”, señaló.

Rivadeneira enfatizó que el Estado tiene la obligación de asegurar condiciones equitativas para la competencia política y que, sin supervisión pública, los partidos podrían depender de donaciones privadas con escaso control de origen, en un contexto ya marcado por la presencia del crimen organizado en la economía y la política.

Actualmente, el CNE también administra el Fondo de Promoción Electoral, que se entrega únicamente durante campañas para la difusión de propuestas en medios de comunicación. Este fondo fue defendido por la Corte Constitucional, que bloqueó su eliminación argumentando que garantiza igualdad en el acceso a la información electoral.

En cambio, los aportes privados siguen siendo una fuente complementaria, pero limitada por topes establecidos. En las elecciones generales de 2025, por ejemplo, el máximo permitido para el binomio presidencial fue de USD 5,4 millones.

En conclusión, los expertos coinciden en que eliminar el Fondo Partidario Permanente sin un marco de control reforzado podría debilitar la transparencia, concentrar el poder político en manos de grupos con mayores recursos y agravar la fragilidad democrática del país.

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