Ecuador deberá pagar USD 220 millones a Chevron tras laudo arbitral de La Haya
Ecuador.- Un tribunal arbitral de La Haya estableció que Ecuador deberá pagar USD 220 millones a Chevron, una cantidad muy inferior a los más de USD 3.300 millones que la compañía había exigido inicialmente. Según la Procuraduría General del Estado (PGE), la defensa ecuatoriana consiguió reducir en un 93 % el valor reclamado.
La PGE confirmó este lunes, 8 de diciembre de 2025, que el país deberá cancelar USD 220,8 millones, resultado del Laudo de Cuantificación de Daños: USD 180,4 millones corresponden al capital y USD 40,4 millones a intereses. Aunque el monto sigue siendo alto, la Procuraduría destacó que se evitó el pago de más de USD 3.130 millones, lo que implica una disminución del 93,4 % respecto de la demanda de Chevron.
El organismo también informó que el arbitraje entra en su cuarta fase, dedicada a definir las costas procesales. Además, la PGE analiza qué acciones legales podrían emprenderse tras este nuevo laudo.
Un conflicto de larga data
La disputa tiene su origen en el fallo de 2011 de la Corte Provincial de Sucumbíos, que obligaba a Chevron a pagar USD 9.500 millones por supuestos daños ambientales en la Amazonía. No obstante, en 2018 el tribunal arbitral internacional determinó que dicha sentencia fue producto de corrupción, sobornos y fraude, y concluyó que Ecuador incurrió en una “denegación de justicia”.
Durante el gobierno de Rafael Correa, el país impulsó la campaña “La Mano Sucia de Chevron”, que contó con la participación de autoridades, personalidades públicas y artistas. Con el tiempo, el fallo contra la petrolera fue descartado por anomalías en el proceso.
Respuesta de Chevron
Tras conocerse la nueva decisión, Chevron manifestó su conformidad. En un comunicado remitido a Ecuavisa, la empresa señaló que el tribunal volvió a confirmar el carácter fraudulento del juicio en Ecuador y sostuvo que este resultado refuerza el estado de derecho a nivel internacional.
El laudo obliga al Estado ecuatoriano a pagar más de USD 220 millones por los costos asumidos por la compañía para impedir que se ejecutara en otros países la sentencia emitida en Sucumbíos.
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