Oficialismo blinda a autoridades y aprueba informe de Celec sin responsabilidad política
Ecuador.- Un informe de fiscalización detectó pagos de alto monto sin respaldo técnico, uso de equipos obsoletos y la contratación de empresas sin experiencia operativa comprobada. Sin embargo, el documento no establece responsabilidades políticas para autoridades públicas. Con ese alcance, la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional aprobó el informe relacionado con los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con las empresas Progen Industries y Austral Technical Management (ATM), para la provisión de generadores eléctricos en los proyectos de Quevedo, Salitral y Esmeraldas.
Oficialismo aprueba el informe pese a cuestionamientos
El documento fue tratado y aprobado la noche del viernes 19 de diciembre, durante una sesión virtual presidida por la asambleísta oficialista Diana Jácome (ADN). El debate reflejó una marcada división entre los legisladores del bloque de gobierno y la bancada de la Revolución Ciudadana (RC).
Votaron a favor del informe Diana Jácome, Jorge Chamba, Jorge Luis Guevara, Dominique Serrano e Isaac Solano, todos de ADN, además de Edmundo Cerda, quien integra la comisión tras su salida de Pachakutik. En contra se pronunciaron Blasco Luna, Germania Romero y Guido Mendoza, de la RC, quienes cuestionaron que el informe no profundice en las irregularidades detectadas ni determine responsabilidades políticas. El asambleísta del Partido Social Cristiano, Otto Vera, optó por la abstención.
Los legisladores de la RC presentaron observaciones al texto, que no fueron acogidas por la mayoría, por lo que anunciaron la elaboración de un informe de minoría. Asimismo, junto con Otto Vera, solicitaron que las sesiones de la comisión se realicen de manera presencial y que se convoque a los ministros Inés Manzano y Roberto Luque para que comparezcan ante el Legislativo.
Durante la sesión se produjo un incidente cuando no se permitió al asambleísta Blasco Luna presentar documentación vinculada al caso Progen. En la transmisión virtual se observa cómo la presidenta de la comisión le niega la palabra para exponer las pruebas.
Sin elementos para responsabilidad política
El informe aprobado recoge tres conclusiones centrales. En una de ellas se señala que, tras el análisis de los procesos de contratación emergente para la generación eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, no se identifican actos u omisiones atribuibles a autoridades públicas que configuren incumplimiento de funciones, conforme al artículo 131 de la Constitución, por lo que no se establece responsabilidad política.
El documento también indica que estos contratos ya fueron examinados por la Contraloría General del Estado, entidad que determinó responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Además, se precisa que los hechos continúan bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.
Entre las recomendaciones, la comisión dispone remitir el informe a los organismos de control correspondientes para que, dentro de sus competencias, adopten las acciones legales pertinentes frente a las irregularidades detectadas. También exhorta a las entidades de investigación penal y de control administrativo y civil a continuar con las indagaciones, identificar a los presuntos responsables —públicos y privados— y ejecutar las acciones necesarias para sancionar y reparar los perjuicios al Estado.
El informe será enviado al pleno de la Asamblea Nacional para su conocimiento y debate, una sesión que deberá ser convocada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen.
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