La Libertad. – Lo que parecía un caso de suplantación de identidad terminó siendo una trama llena de contradicciones. El escándalo por la venta de un terreno municipal de 93 hectáreas en el cantón La Libertad, valorado en USD 2,7 millones, ha tomado un nuevo rumbo tras la reaparición de su protagonista: Jenny Ramírez.
La joven de 24 años, recién graduada y sin historial financiero (sin RUC ni afiliación al IESS) que pudiera justificar tal fortuna, ha cambiado drásticamente su versión en menos de 48 horas.
La cronología de las contradicciones
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Versión 1 (Ante la prensa): Cuando el medio La Defensa la abordó, Ramírez aseguró que ella no sabía nada, que le habían robado sus documentos y que todo era un caso de suplantación de identidad.
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Versión 2 (Ante el Municipio): Este 8 de enero de 2026, la historia cambió. En un oficio dirigido al alcalde Francisco Tamariz, la joven admitió que el trámite sí era suyo. Explicó que se trata de un proyecto agroturístico de su autoría, financiado por una empresa privada cuyo nombre se niega a revelar, la cual exigía que el terreno estuviera a nombre de ella.
La carta de la “discriminación” y el paso al costado Tanto Ramírez como el alcalde Tamariz han usado el mismo argumento de defensa: aseguran que los cuestionamientos sobre el origen del dinero son actos de discriminación y violencia simbólica por su edad y género.
Sin embargo, las dudas persisten. El concejal Bruno Dedé denunció que el proyecto nunca fue expuesto al Concejo y que no hay claridad sobre los fondos. Ante la presión mediática, Ramírez anunció que desiste de la compra a título personal, pero solicitó que el contrato se ceda directamente a la misteriosa compañía que financiaría la obra.
Las preguntas sin respuesta El caso deja más sombras que luces:
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¿Por qué ocultó inicialmente la existencia de la empresa inversora?
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¿Por qué el Alcalde dijo que no le competía saber el origen del dinero, si la joven asegura que él conocía los detalles?
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¿Qué compañía está dispuesta a invertir millones manteniéndose en el anonimato?
Por ahora, el terreno sigue en disputa y la ciudadanía de Santa Elena exige transparencia.
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