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Justicia sanciona a Colón Preciado: deberá pedir disculpas públicas y pagar multa de USD 3000

Redacción
febrero 10, 2026 2 Min Read
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El Oro.- La justicia falló a favor del asambleísta Steven Ordóñez Bravo dentro de un proceso por contravención penal seguido en contra de Gilberto Colón Preciado, estableciendo un precedente sobre los límites de la libertad de expresión cuando esta vulnera el honor y el buen nombre de las personas, conforme a lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El proceso, tramitado en la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Huaquillas y registrado bajo el N.º 07281202402119, corresponde a una contravención de cuarta clase, tipificada en el artículo 396 del COIP. Tras el análisis de los elementos presentados, la autoridad judicial dispuso medidas de reparación integral a favor del legislador.

Durante la audiencia, el abogado Frank Orellana Morales, patrocinador de la víctima y miembro de la firma LAW GROUP, con sede en la ciudad de Machala, demostró ante el juez las pruebas necesarias que sustentaron la responsabilidad del procesado, lo que derivó en una sentencia condenatoria.

Como parte de la resolución emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, el sentenciado deberá ofrecer disculpas públicas a Steven Ordóñez Bravo a través de los medios de comunicación de la provincia de El Oro, conforme lo establece el artículo 78 numeral 4 del COIP. Para acreditar su cumplimiento, deberá consignar la nota o edición del medio en el que conste dicho acto.

Adicionalmente, la sentencia impone el pago de USD 3.000 dólares por concepto de reparación material. A pedido expreso del asambleísta Ordóñez, realizado durante la audiencia, este valor será donado a SOLCA Núcleo de El Oro, decisión que fue acogida por la autoridad judicial.

El juzgador concedió al sentenciado un plazo de 72 horas para justificar el cumplimiento del pago, advirtiendo que, de no hacerlo, podría incurrir en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tipificado en el artículo 282 del COIP, que contempla una pena de hasta tres años de privación de libertad.

Este fallo sienta un precedente jurídico al reafirmar que la libertad de expresión no es absoluta y que el ordenamiento legal ecuatoriano sanciona las conductas que lesionan la honra y reputación, fortaleciendo así la protección de derechos fundamentales y la responsabilidad en el uso de los espacios de opinión y comunicación.

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